En Cataluña, queda claro qué provocó movimientos significativos en el tejido empresarial autonómico. El referéndum de Cataluña que se celebró en octubre de 2017 fue determinante para que miles de empresas locales de todos los tamaños decidieran trasladar sus sedes más allá de la frontera, huyendo del clima soberanista y buscando un mayor repertorio de ventajas. Si bien es cierto que a día de hoy la situación política vive una etapa de calma y son menos las sociedades que ponen rumbo al exterior, todavía siguen siendo insuficientes las que optan por establecerse en esta zona de España.

Desde que se produjo la consulta, han sido más de cuatro mil seiscientas empresas las que han abandonado el escenario catalán. A partir de las cifras ofrecidas por el Colegio de Registradores, aunque parece que el éxodo ha bajado notablemente el ritmo, puede constatarse que el goteo sigue estando ahí. En el año 2017 fueron casi dos mil las compañías que salieron de Cataluña, mientras que durante el curso siguiente el número estuvo al borde de las mil novecientas. A partir de ahí, la tendencia bajó considerablemente hasta llegar a las algo más de trescientas empresas en 2019; ciento cincuenta en 2020; trescientas veintiséis en 2021; y ochenta en los primeros seis meses de 2022.

Pese a la buena disposición que en el último tramo del ejercicio pasado han venido mostrando los inversores extranjeros, Cataluña sigue sin despertar un gran interés entre el empresariado español. La Patronal deja claro que las causas no son necesariamente políticas, sino que además hay razones fiscales y administrativas que están condicionando el segmento. Sin ir más lejos, en territorio catalán existe una quincena de impuestos para las empresas, once más que en la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso. Además, el IRPF madrileño es el más bajo de España. En esta dirección apunta también un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Lleida, en el que se concluye que las más de cuatrocientas empresas que han salido de la provincia en el último lustro lo han hecho, sobre todo, con destino Madrid y Aragón.

La tónica en la transformación digital

Ambas comunidades plantean una mayor flexibilidad con respecto a la Hacienda Pública y al régimen de impuestos, además de aportar más facilidades en las gestiones relativas a la tramitación de ayudas. No en vano, casi todas las sociedades que abandonaron el mapa catalán han completado en el exterior los procesos de digitalización facilitados por el Gobierno. Al respecto, cabe destacar que la mayoría de esas empresas decidió invertir en ciberprotección para adecuarse por completo a las exigencias del mercado actual, buscando siempre el modelo de software que usan las entidades bancarias y las plataformas de juego online, que son los grandes referentes en la materia.



En este sentido, los portales web de los bancos de nueva generación se han especializado sobre todo en el cifrado de datos personales de sus clientes, empleando para ello el conocido como certificado TLS (Transport layer security). Se trata de un recurso informático que se encarga de ocultar los números de cuenta y las claves privadas que viajan hasta el servidor para que los hackers no tengan acceso a ellos. 

Un ejemplo de protección frente a hackers

Algo parecido ocurre con la industria del juego que opera a través de internet, especialmente con los casinos recomendados por la Dirección General de Ordenación del Juego, que dedican gran parte de su presupuesto a frenar los delitos de suplantación de perfiles.

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En este caso, utilizan el denominado sistema KYC (Know your customer), un protocolo de verificación de identidad que se ocupa de confirmar telemáticamente que los jugadores que tratan de acceder a una cuenta son, en efecto, sus propietarios. Las salas virtuales de ruleta o de máquinas tragamonedas adoptan esta tecnología con frecuencia, puesto que incluso les permite realizar pruebas de tipo biométrico para llevar a cabo una correcta identificación.

Depende del tamaño

Desde entidades como Foment del Treball Nacional entienden que la presión fiscal en Cataluña está obstaculizando el regreso de las empresas. El ente patronal reclama un escenario en el que se rebajen las exigencias administrativas y se consolide el equilibrio político, teniendo en cuenta que desde el procés la estampida ha sido mayúscula. Para Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, el objetivo a corto plazo pasa por hacer que las empresas regresen a la región, máxime cuando se trata de algo que, a pesar de los intentos previos en estos últimos cinco años, continúa sin materializarse.

A excepción del Grupo Agbar, a día de hoy, ninguna de las sociedades de gran tamaño que decidieron partir en su momento ha hecho el camino de vuelta. Hasta una docena de empresas de este calibre dejaron de formar parte del circuito catalán. En cuanto a las que cotizan en el mercado bursátil español y en el IBEX 35, todavía algunas siguen teniendo el domicilio social en Cataluña, como Grifols. No obstante, en el sector consideran que las pequeñas y medianas empresas sí están volviendo, al menos para evitar el engorro de tener que desplazarse hacia las nuevas sedes cuando llega el turno de vehicular las juntas y los consejos de administración.

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