El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón al grupo Acciona en su litigio contra la Generalitat relacionado con la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y obliga al Govern a pagar 304,4 millones.
El contencioso se originó en 2012 cuando, en un movimiento para cuadrar los presupuestos, la Generalitat de Artur Mas adjudicó la empresa pública ATLL a un consorcio liderado por Acciona.
El desglose del pago
Sin embargo, el grupo Agbar impugnó ese movimiento por diversas irregularidades en el proceso, lo que desembocó en la anulación de la adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización al Govern por los perjuicios causados en lo que se dio a conocer como caso ATLL o guerra del agua.
Este jueves, la sala de lo contencioso administrativo ha dictado tres sentencias en los recursos promovidos por ATLL contra el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y le reconoce el derecho a estos 304 millones, que se desglosan en 262,8 millones como canon no amortizado; 38,2 millones, como inversiones realizadas no amortizadas; y 3,37 millones, como costes de licitación y constitución.