Los principales acreedores de Celsa prosiguen dando pasos hacia adelante en sus planes para tomar el control de la compañía como parte del proceso de reestructuración de su abultada deuda. El último paso dado en los tribunales ha sido la decisión del juez de lo Mercantil que entiende del caso de configurar a los diferentes tenedores de deuda en diversos grupos.

Un movimiento con el que el juzgado número 2 de Barcelona accede a la petición del grupo que configura el grueso de acreedores y que fue el encargado de presentar el pasado mes de septiembre el plan de reestructuración de Celsa que contempla, entre otros elementos, la conversión de deuda en capital, lo que de hacerse efectivo le otorgaría el control en detrimento del actual accionista, la familia Rubiralta.

División en tres

Según señala este viernes el diario Expansión, la pasada semana el magistrado Álvaro Lobato, emitió una sentencia por la que los tenedores de deuda de la compañía quedan agrupados en función del tipo de instrumento de deuda en el que estén involucrados.

Desde que en 2017 la compañía acordó la refinanciación de su deuda, ésta quedó dividida en tres partes: la correspondiente al crédito Jumbo, la relacionada con el préstamo convertible y la del contrato marco, que es la menos voluminosa (poco más de 500 millones de los cerca de 2.500 en total) y en la que figuran como acreedores las entidades financieras. 

El rescate de la SEPI

Sin embargo, el grueso de la deuda corresponde a los dos primeros grupos, en los que tienen presencia mayoritaria el grupo de acreedores que desde hace ya más de un año negocian con Celsa una solución, a raíz de que la compañía recurriera a los tribunales para quedar eximida de afrontar determinados vencimientos debido al impacto de la pandemia en su actividad.

El acuerdo no fue posible ni siquiera después de que los Rubiralta lograran un rescate de 550 millones de euros de parte del fondo de la SEPI creado para apoyar a empresas viables impactadas por el Covid-19.

La nueva Ley

Los préstamos estaban condicionados a que las partes llegaran a un acuerdo para su correcta estructuración; sin embargo, el grueso de los acreedores, principalmente fondos de inversión que compraron en su día la deuda a la banca con notables descuentos, siempre consideró que la inyección pública era innecesaria para sanear el balance de Celsa. 

Así, los fondos aprovecharon la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal para hacer uso de uno de los instrumentos que introduce como novedad: la presentación en el juzgado de un plan de reestructuración que debe llevarse a cabo si es validado por los jueces y obtiene un apoyo mayoritario por parte de los acreedores. 

Apoyo mayoritario

Desde que a finales de septiembre se presentara el plan, el juzgado no ha puesto objeciones al mismo mientras que el apoyo de los tenedores de deuda está prácticamente asegurado por el peso que tienen en el pasivo los fondos que lideran la iniciativa. 

Además, de acuerdo con la información antes citadas, tan sólo Kutxabank se habría opuesto al plan, como parte de la deuda perteneciente al acuerdo marco que, además, es la minoritaria.