El cónsul chino en Barcelona arropa un negocio acusado de ser 'comisaría ilegal'

Sin esperar a Interior. El cónsul chino en Barcelona, Zhu Jingyang, ha arropado a uno de los comercios de la Ciudad Condal acusados por activistas proderechos humanos de actuar como comisaría ilegal, algo que el negocio niega. Sea como fuere, el alto cargo diplomático ha mostrado su apoyo al establecimiento, uno de los tres salpicados por las acusaciones que investiga el Ministerio del Interior sobre sedes parapoliciales en España. 

Ha ocurrido hoy en la Ciudad Condal, según ha publicado la empresa de traducción LinkChina en su perfil de Twitter. Según la empresa, el cónsul Jingyang acudió a la sede de la firma y ambas partes, empresarial y diplomática, hablaron de la "historia y política de España, así como de su enfoque sobre las relaciones sinoespañolas". Mercantil y cónsul se comprometió a "seguir contribuyendo a los intercambios bilaterales". 

Los proderechos humanos ven una "comisaría"

La visita, que sería un rutinario compromiso del alto cargo diplomático, toma cariz de cierto desafío, por cuanto LinkChina es uno de los tres comercios salpicados por la polémica de las supuestas comisarías chinas en España. Lo denunció la oenegé Safeguard Defenders, que alertó de que hay nueve sedes parapoliciales en toda el país, tres de ellas en Barcelona. 

Esta entidad proderechos humanos asegura que estas sedes policiales ilícitas se esconden tras comercios de apoyo consular, como firmas de traducción jurada. Servirían, agregan, para controlar a la comunidad china, en general, y a disidentes del régimen de Xi Jingping, en particular. Esta acusación la suscriben personas de la comunidad taiwanesa, que aportan pruebas de que LinkChina estuvo en el programa policial chino Overseas 101. 

La empresa lo niega

¿Qué dice la empresa? A preguntas de este medio, no se prestó a una entrevista, pero sí rechazó tajanmente que operara cualquier tipo de comisaría ilegal. Según LinkChina, visitada por el cónsul, solo ofrece apoyo consular para la traducción de documentos del español al chino y viceversa. Sus relaciones policiales se limitan al apoyo para la renovación de documentos de la comunidad china, como el carné de conducir. En cuanto a las acusaciones de ser sede policial, la atribuyen a la enemistad de la comunidad taiwanesa. 

Sea como fuere, catorce gobiernos de todo el mundo, también el de España, investigan las posibles oficinas de policías como la de Fuzhou en su territorio nacional. Ejecutivos como el irlandés han confirmado la operativa y han obligado a cerrar uno de los negocios. Como destacó la ministra de Exteriores de Países Bajos, estas estructuras "no fueron comunicadas a nivel diplomático", por lo que "son ilegales".