Un año más sin Corredor Mediterráneo, un año más con promesas políticas. En un gran acto empresarial celebrado en el Centro de Convenciones Internacionales (CCIB) de Barcelona, organizado por el lobi levantino AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha comprometido a culminar la conexión ferroviaria entre Almería y Portbou como máximo en 2030, aunque ha reiterado su compromiso de adelantarlo en 2026.
Una fecha que el empresariado acoge con escepticismo. Máxime cuando los problemas crónicos que han lastrado la infraestructura siguen sin despejarse. Los principales: la falta de acuerdo con Francia para interconectar la red española con la gala al cruzar los Pirineos y la extensión a lo largo del recorrido de una doble vía de ancho internacional, frente a la plataforma única de ancho ibérico existente en muchos tramos.
Sin compromiso de París
Ahora mismo ni está claro el compromiso de París ni se ha avanzado sustancialmente en el aspecto técnico. Respecto a lo primero, Sánchez ha pasado de puntillas sobre las conversaciones intergubernamentales: "Nosotros estamos haciendo los deberes. El Corredor Mediterráneo tiene sentido porque forma parte de esa red europea y he tenido oportunidad de trasladar esta inquietud a mi homólogo francés". La entente entre ambos países es clave para que el Corredor se incardine en una red transeuropea de 3.500 kilómetros que iría de Algeciras hasta el interior de Hungría.
Por otro lado, si se chequea el estado actual del proyecto se constata que en la mayoría de tramos no se ha creado aún una doble plataforma ni se ha sustituido el ancho ibérico (1668mm) por el internacional (1435mm). Sin esta inversión resulta imposible realizar la conexión de pasajeros y mercancías con el resto de Europa sin trasbordos, lo que encarece cualquier trayecto en tren.
Escepticismo empresarial
Los cerca de 1.500 empresarios que han acudido al encuentro, el sexto en la historia del lobi y el primero en Barcelona tras la pandemia --el año pasado se llevó a cabo en Madrid--, eran conscientes de estos obstáculos. Entre ellos han acudido figuras señeras del sector privado como el presidente de Mercadona, Juan Roig, el de Telefónica, Emilio Gayo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros.
Pero pese a conocer las dificultades, el clamor ha sido unánime: el Corredor debe terminarse cuanto antes. Así se ha puesto de manifiesto en las palabras de Vicente Boluda, presidente de AVE, quien ha lamentado que al ritmo actual de construcción la infraestructura no estará lista "ni en 2035". Ello pese a que el mandato de la Unión Europea, que financia parcialmente la conexión, incorpora una fecha límite para 2030, como ha recordado la ministra.
Tramos a medio hacer
Y es que según AVE hay muchos territorios en que el proyecto, que cuenta con 14 tramos, está a medio construir o ni siquiera ha empezado. La parte más septentrional, que va de Tarragona hasta la frontera francesa, cuenta ya con alta velocidad y ancho internacional en la mayoría del recorrido --no así entre Vilamalla-Figueres y Portbou--. Los problemas empiezan por debajo del Camp de Tarragona: la variante de Vandellós, la conexión entre las tres capitales de provincia de la comunidad valenciana y el túnel pasante de la ciudad del Turia acumulan retrasos.
Más: el tramo Murcia-Cartagena-Almería ni tienen alta velocidad --aunque Sánchez ha prometido la inminente llegada del tren superrápido a la capital murciana-- ni doble vía de ancho internacional, mientras que el que va entre Almería y Granada solo está en estudio. Una coyuntura que ha terminado convirtiendo una infraestructura clave para la competitividad española en un galimatías incluso para sus propios promotores.
Aragonès, contra el Gobierno
La posición crítica del empresariado con el Gobierno ha hallado eco en el posicionamiento de los presidentes autonómicos de Cataluña, Valencia y Murcia, invitados al acto. El president Pere Aragonès ha cargado contra la visión "absolutamente centralista y radial" en la planificación de las infraestructuras en España, y su homólogo murciano Fernando López Miras ha pedido que el Ejecutivo "deje de priorizar a unas comunidades sobre otras a la hora de ejecutar infraestructuras" y trate a todos los territorios por igual.
También la patronal catalana Foment del Treball ha hecho oír su voz. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha destacado que la reivindicación del Corredor Mediterráneo tiene más de 15 años y responde a las necesidades de "cuatro comunidades autónomas, el 44% del PIB español y el 50% de las exportaciones españolas". Cifras de las que eran plenamente conscientes los patronos y políticos congregados hoy en el Fòrum de Barcelona. Otra cosa es que, esta vez, de la promesa se pase a los hechos.