Diversos expertos han achacado el auge de las ocupaciones ilegales en Cataluña al desinterés político por la vivienda. Uno de ellos, Carles Sala, exsecretario de Vivienda de la Generalitat, ha asegurado que el error ha sido "dejar que las políticas de vivienda se queden en manos de movimientos sociales”.
Así lo ha expesado durante el coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde se ha analizado la problemática de la okupación --que afecta con especial virulencia a Cataluña--, las últimas propuestas legislativas, el protocolo recién aprobado de los Mossos d' Esquadra y cómo afecta a la inversión inmobiliaria.
32.000 viviendas sin propietarios
El exsecretario, que ha realizado una radiografía de panorama actual, ha asegurado que Cataluña cuenta con un total de 32.000 viviendas vacías debido a la crisis financiera inmobiliaria. De estas, 6.000 de grandes tenedores están okupadas, 8.000 tienen necesidad de rehabilitación y 11.800 están sin constar, "aunque lo más probable es que también estén okupadas", ha señalado.
En cuanto al parque público catalán, el político ha asegurado que de los 22.000 inmuebles de los que dispone la Generalitat, 960 están okupados. Algo "totalmente injusto" para las personas en situación de vulnerabilidad que esperan de forma legal a un hogar, ha apuntado.
Más colaboración público privada
Asimismo, ha abogado por “llegar a un gran acuerdo para conseguir 30.000 viviendas con las que resolver situaciones de vulnerabilidad” y ha pedido más colaboración público-privada para mejorar la gestión de la ocupación ilegal”.
Otro de los ponentes, el abogado penalista y experto en materia de okupación, Emilio Zegrí, ha señalado que, hoy en día, “no existen herramientas que nos permitan resolver okupaciones con celeridad” y ha ha aplaudido el nuevo procedimiento de trabajo de los Mossos d’Esquadra que “protocoliza qué deben hacer los agentes ante una usurpación de inmueble”.
Reformar la ley
Por último, Alejandro Fuentes-Lojo, profesor de la UOC y abogado experto en el sector inmobiliario, ha definido como "ineficaz" la reforma a nivel civil que se hizo en 2018 y ha expuesto la "necesidad de volver a cometer una reforma de la ley para tener un sumario que solvente el problema desde la vía civil".
En este sentido, ha apuntado que "la vía procesal es complicada para el ciudadano que sufre ocupación en su vivienda" y ha concluido que "es fundamental aportar más medios para erradicar este problema social".