Iberdrola ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que separa los cargos de presidente ejecutivo y de consejero delegado de la compañía. Este última responsabilidad recaerá en Armando Martínez, hasta ahora director general de negocios de la energética. Ignacio Sánchez Galán permanecerá al frente del grupo como presidente ejecutivo.
Esta modificación de la cúpula de la cotizada también conllevará renovar el consejo de administración. Armando Martínez entra en el máximo órgano directivo a propuesta de la Comisión de Nombramientos y cubrirá la vacante de Francisco Martínez Córcoles, que anuncia en la misma comunicación a los acconistas que pone su puesto a disposición del equipo de gobierno para facilitar los cambios en la gobernanza de la empresa.
Reparto de poderes
Con el nombramiento de Armando Martínez como consejero delegado, queda fijado en seis el número de miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada de Iberdrola, que pasa a estar conformada por los dos máximos directivos del grupo junto a Manuel Moreu Munaiz, Juan Manuel González Serna, Ángel Jesús Acebes Paniagua y Anthony Luzzatto Gardner.
El consejero delegado de Iberdrola, Armando Martínez / IBERDROLA
Iberdrola resuelve con esta remodelación una de las principales peticiones de los fondos de inversión que están en el capital del grupo. Demandaban el reparto de poderes en la compañía y el nombramiento de un número dos como consejero delegado. La separación de cargos llega después de que a principios de este octubre la Audiencia Nacional cerrara definitivamente las acusaciones del caso Tándem que afectaban al presidente ejecutivo por falta de fundamentación de los hechos que se habían denunciado.
Martínez-Simancas cesa como secretario
El consejo de administración de Iberdrola también ha aceptado la puesta a disposición presentada por Julián Martínez-Simancas Sánchez de su cargo de secretario no consejero del órgano rector de la compañía.
El cese de este puesto de Martínez-Simancas, que ocupaba este cargo desde 2007, tendrá lugar con efectos desde el 1 de enero de 2023, para garantizar una adecuada transición.