La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recibido un duro correctivo en los tribunales a raíz de su pulso con Foment del Treball. El Juzgado de lo Mercantil 11 de Barcelona ha estimado “íntegramente” la demanda de la patronal contra la organización independentista a raíz de la campaña denominada Consum estratégic, una iniciativa que reclamaba a la ciudadanía el boicot contra productos y servicios cuyos promotores no apoyaran el independentismo.
La sentencia de la sala indica que el “conjunto de acciones que integran la campaña […] deben ser calificadas como desleal y contrarias a la buena fe”. Por ello exige el “cierre de la web” en el que se podía buscar si un producto o servicio era made in Cataluña antes de su adquisición; que la ANC “cese en la realización de cualquier actuación, por cualquier medio, con transcendencia pública, que suponga la difusión de la campaña” y que se “abstenga de realizarlas en el futuro”; y que no ponga a disposición “de terceros sus medios materiales y personales en orden a la realización por dichos terceros de cualquier actuación, por cualquier medio, con trascendencia pública, que suponga la difusión total o parcial” de la iniciativa.
Además, le impone el pago de las costas de todo el proceso judicial.
Medidas cautelares
No es la primera ocasión en que esta sala se pronuncia contra la organización independentista. A finales de 2019, ya aceptó las medidas cautelares solicitadas por la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre y ordenó tanto el cierre de la web de forma cautelar como el fin de las campañas “públicas y privadas” que incitaran a los “consumidores y empresas” a contratar solo los productos y servicios promovidos por la ANC. Es decir, los que producían sociedades que apoyaban de forma pública los postulados de la entidad.
Ya en ese momento se indicó que la propuesta era un “claro boicot que ha de ser clarificado como acto de competencia desleal”. Con todo, la entidad presidida ahora por Dolors Feliu siguió con su empeño. El pasado marzo organizó una feria en Girona para mostrar un conjunto de productos y servicios empresariales para “alejarse del Estado”. Pero no la hizo bajo las siglas de la organización independentista. Usó AnemxFeina, una sociedad que intentó convertir en la tercera patronal catalana, pretensión que terminó en un sonoro fracaso.
Objetivo de la campaña
La sala de lo mercantil recuerda que los propios promotores de Consum estratégic indicaban que la iniciativa se englobaba en un “conjunto de propuestas que tienen como único objetivo dar efectividad real a la proclamación de la república catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante el empoderamiento de la gente en la toma de decisiones de consumo cuotidiano”.
Asimismo, dejaban claro que querían “promover empresas alternativas a las que han participado en la campaña del miedo y potenciaremos la creación de estructuras económicas que, mediante el comercio, potencien el tejido productivo catalán”. Incluso proyectaron una “segunda fase del proyecto” para que los ciudadanos y empresas pudieran adquirir estos productos y servicios que habían pasado el examen político de la ANC de forma directa a través de la entidad.
Boicot demostrado
Foment del Treball le acusó de obstaculizar el libre mercado “por motivos políticos” y la ANC se defendió amparando su campaña en la libertad de expresión. Aseguró, asimismo, que era una simple iniciativa “de carácter informativo” y que solo “ejercía un papel de prescriptora de tendencias de consumo”.
El juez estima que la entidad independentista no puede ampararse en dicho principio porque “entra en colisión con el principio de libertad de empresa” y que esto incurre en un “ilícito”. Considera que “queda acreditado que la conducta llevada a cabo por la ANC constituye un acto de obstaculización, en su modalidad de boicot”.