El Juzgado Social número 1 de Sabadell ha impuesto a la empresa Palau Automotive Manufacturing la obligación de abonar 46.250 euros a una trabajadora por negarse a devolverle el puesto durante cuatro años.
La multa, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, llega tras tres requerimientos judiciales al fabricante de repuestos para que restituyera la empleada a sus funciones. La trabajadora ha contado con el asesoramiento legal del Colectivo Ronda.
Vulneración de derechos
La sentencia considera que la "tenacidad" de Palau Automotive Manufacturing en desobedecer la resolución judicial "atenta contra el derecho al trabajo" y "supone una vulneración de los derechos a la ocupación efectiva, a la formación y promoción personal y al debido respeto a la dignidad de la trabajadora".
Los hechos se remontan a 2017, cuando la compañía asignó tareas de operaria a una trabajadora del departamento de administración, pese a no contar ni con la experiencia ni con la constitución física para desarrollar estas funciones.
Vía crucis laboral
Esta modificación sustancial de atribuciones derivó en un periodo de incapacidad temporal provocada por un grave cuadro de ansiedad. La dirección se negó a reasignar a la empleada en el área de administración, pese a que llegó a sufrir un accidente laboral.
Ante el "reiterado y tenaz" incumplimiento de la sentencia que declaraba nulo el cambio de puesto de trabajo, se dictaron dos interlocutorias en 2018 y 2019 instando a la empresa a acatar la resolución. Finalmente, el pasado febrero la compañía cedió y restituyó a la trabajadora en sus funciones de la que fue apartada sin justificación. Ahora deberá abonar, además, la sanción por daños y perjuicios.