Según el Banco Mundial, Cataluña es la decimoséptima autonomía en el ránking de facilidad administrativa para iniciar actividades industriales. El motivo: la maraña de normas, requisitos y peajes que complican el día a día de las empresas catalanas. Cecot y el Institut Ostrom pretenden revertir esta situación mediante un decálogo de medidas para agilizar la actividad empresarial en la comunidad.
En un informe presentado este miércoles y elaborado al alimón por el think tank y la asociación Catalunya sense límits, titulado Un país sense límits. Anàlisi i recomanacions per a la facilitació de l’activitat empresarial a Catalunya, se recogen actuaciones para acortar los tempos de la Administración pública, con la vista puesta en la necesaria reindustrialización del territorio.
Menos normas y más eficientes
El trabajo plantea la creación de un buzón de la eficiencia administrativa, inspirado en países como Dinamarca, Holanda y Reino Unido; la instauración de la figura del perseguidor de proyectos encallados; la fijación del silencio administrativo positivo en 90 días, y el uso de declaraciones responsables como substitutivo de las licencias.
Cecot y el Institut Ostrom presentan un informe sobre agilización empresarial / CEDIDA
Además, se propone la implementación del llamado one in, one out --un sistema por el cual para aprobar una ley primero hace falta eliminar una anterior-- y el balance presupuestario cero. Ambas medidas van encaminadas a frenar la proliferación desmedida de nueva regulación. Por otro lado, los autores del informe han celebrado que iniciativas como el fast-track burocrático para proyectos de especial interés económico se ha incorporado al decreto del reglamento de la ley catalana de facilitación de la actividad económica, recientemente aprobada.
Complejidad regulatoria
El director de programas de Ostrom y coautor del informe, Pau Vila, ha afirmado que "Cataluña ha protagonizado un exceso de implantación de trámites administrativos que llevan asociados largos plazos de tramitación para la obtención de licencias de actividad, urbanísticas o de legalización respecto la normativa de incendios, entre otras".
Esta complejidad regulatoria sale cara. El coste del cumplimiento de estas cargas, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), es "muy destacable" según la entidad, que menciona cómo algunos estudios vinculan una reducción de las trabas administrativas con incrementos de la riqueza de un territorio.