Abertis reclama 460 millones a la Generalitat por levantar los peajes en la C-31, C-32 y C-33

Abertis vuelve a enfrentarse a una Administración Pública por la compensación tras la retirada de peajes. Esta vez, la compañía ha demandado a la Generalitat y le reclama 460 millones de euros por la conclusión del contrato de gestión de las autopistas C-31, C-32 y C-33.  

El Govern sólo admite el pago de 94 millones, lo que ha derivado en un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Este enfrentamiento se suma al que ya mantiene con el Gobierno de España por el fin de la concesión en la AP-7 y la AP-2, también por la compensación por liquidar la concesión antes de tiempo.  

Tramo de la Autopista AP-7 / IMESAPI

El Govern, ante el TSJC

Ambas partes llevan más de un año en negociación para fijar una compensación por el levantamiento de los peajes catalanes, que se produjo el 31 de agosto de 2021. Ante la negativa del Ejecutivo autonómico de abonar el total de lo que se reclama, la sociedad ha decidido acudir a los tribunales. 

Desde el Departamento de Territorio y Políticas Digitales desembolsaron 94 millones el pasado 18 de enero y afirmaron que, según su punto de vista, no quedaba ninguna deuda pendiente con el operador privado. Lo que está en juego son los 366,14 millones de euros de diferencia entre lo que Abertis reclama y lo que la Generalitat está dispuesta a pagar. 

Acuerdo con el gobierno tripartito

El origen del conflicto se remonta a 2010, cuando se realizaron trabajos de mejora en la C-32 a su paso por el Maresme y por los que la compañía exige 431 millones. El gobierno de entonces --formado por PSC, ERC e ICV-- acordó que la concesionaria se hacía cargo del coste de las obras en el momento a cambio de una compensación al final del contrato si no se cumplían las expectativas de tráfico previstas.

Hoy por hoy, el actual Govern considera que sólo debe abonar por ello 65,78 millones. 

En paralelo, Abertis mantiene el pulso con el Gobierno por el levantamiento de las barreras en la AP-7 y la AP-2. Y es que considera que la compensación debe ser de 1.070 millones, frente a los más de 5.000 que solicita la empresa.