El Consorci de Girona quiere las ambulancias de Aragón sin solvencia

La sede del Consorci del Transport Sanitario Regió Girona / Cedida

Lo explican fuentes del sector, que recuerdan que Consorci y la andaluza Ambulancias Tenorio optan a la licitación aragonesa, como avanzó este medio, pese a que la primera tiene una estructura a priori muy por debajo de lo que exige el encargo. "El Servicio Aragonés de Salud licita un servicio que requiere una inversión en 100 ambulancias y 567 trabajadores a subrogar. El Consorci tiene 15 trabajadores y 13 ambulancias propias", detallan. 

Dos sociedades, pero no un grupo

Desde la industria enumeran las sociedades del Consorci: la principal, que facturó 1,1 millones de euros en 2020, último ejercicio disponible en el Registro Mercantil, y que tiene solo 15 empleados, y Asistencia Los Ángeles SL. Esta segunda mercantil ingresó 4,3 millones de euros en 2020, ganó 175.880 euros y presentó 98 trabajadores, siendo "más capaz" de operar el contrato de Aragón, pero presentando, según los directivos consultados "insuficiente volumen para hacerlo". 

Desde la industria se agrega que si bien el Consorci opera contratos públicos de transporte sanitario en Andalucía, con base en Córdoba, "se ha presentado al concurso sanitario de Extremadura, resultando adjudicataria de un lote por importe de 26 millones de euros, contrato al cual ha renunciado". Por ello, será penalizada con el 3% del citado importe por "retirada injustificada de oferta". 

Cambio de tipología

Hay otras reservas. Empresarios del sector recuerdan que Consorci de Girona "actualizó su clasificación empresarial el 23 de junio", cuando mutó a firma de traslado de enfermos por cualquier medio de transporte, según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. pero es que existe una incongruencia, y es que los pliegos del concurso de Aragón los publicó el SAS en abril de 2022. 

Por lo tanto y según la opinión de parte del sector, la empresa catalana "incumplía los requerimientos de solvencia" que pedía la administración aragonesa. Lo argumentan con la tesis de que la firma que dirige Pere Maria Martínez como director general estaba "en un evidente estado de dejadez administrativa". Sostienen que, por lo tanto, "quebrantaba" lo que pedía el Gobierno aragonés. 

Dudas sobre las relaciones laborales

En el capítulo laboral, desde la industria del transporte de pacientes hacen hincapié en que donde el Consorci es más fuerte, que es en Andalucía gracias a los contratos públicos, ha aprobado un convenio de empresa [este] "notablemente inferior al sectorial en esta autonomía". Algo que se repetiría en Girona, donde está el cuartel general del grupo del histórico empresario "por la escasez de trabajadores, solo 15, y la nula sindicalización". 

Este extremo es relevante porque si una empresa se sumerge en problemas en el contrato de transporte urgente de Aragón, éstos se añadirán a los que ya aquejan el contrato de transporte no urgente o programado. En efecto, esta asignación la rigen la catalana Ambulancias Egara y Maiz, pero es la primera la que tutela la contrata, con fuerte contestación sindical por sus reiterados incumplimientos. 

Su rival, Tenorio, en la diana

La otra rival del Consorci en Aragón es Ambulancias Tenorio, un grupo andaluz muy consolidado. Eso sí, la firma sureña se ha visto implicada en un intenso debate público sobre si su fundador operó sociedades offshore en Panamá e Íslas Vírgenes. El nombre de Juan José Tenorio Rodríguez apareció en la investigación Offshore Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) vinculado a mercantiles en jurisdicciones de tributación amable. 

Imagen de ambulancias y trabajadores de Grupo Tenorio / Cedida

La empresa lo negó "categóricamente", y más recientemente ha sostenido que el nombre citado en el trabajo periodístico coincide con el del empresario que creó la enseña española, pero no es el mismo. "Es un error", han precisado. Por lo pronto, la polémica ha puesto a Tenorio en un brete porque se juega los contratos públicos de transporte sanitario de Málaga, ya en procedimiento, y el de Sevilla, que está pendiente de convocar. Ante ello, el Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue los posible vínculos, que la afectada rechaza de plano.