El Instituto de Coordenadas alerta del impacto del impuesto a la banca al Tesoro Público

Los analistas del Instituto de Coordenadas han cuestionado las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España en relación con la banca al considerar que la creación de un nuevo impuesto a los bancos podría “poner en riesgo" el Tesoro Público. La intención del Ejecutivo es gravar con un 4,8% el margen de intereses a las entidades financieras que facturen más de 800 millones de euros y con un 1,2% la facturación de las energéticas.

El vicepresidente ejecutivo de la institución, Jesús Sánchez Lambás, ha señalado que “se trata de un caso claro de defensa de una cosa y su contraria casi al mismo tiempo". En este sentido, ha asegurado que poner en riesgo al Tesoro Público, "de verse abocado a devolver a los bancos las cantidades indebidamente exaccionadas, incrementado con los intereses al tipo legal del 3,5%, es entre irresponsable y escalofriante".

Mecanismos de protección

Desde el sector aseguran que la banca puede desplegar mecanismos de protección de sus accionistas, mientras los departamentos jurídicos de los bancos ya están trabajando en ello. En la propuesta presentada por el Gobierno, el impuesto aparece como una “prestación patrimonial de carácter no tributario” sobre los ingresos del margen de intereses y las comisiones, para evitar la doble imposición sobre los beneficios. Una figura es considerada inconstitucional por una parte de juristas.

Así, expertos de las 11 entidades afectadas --CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Abanca, Cajamar, Kutxabank y a filial española de BNP Paribas-- consideran que el gravamen no podrá implementarse por la cantidad de cuestionamientos técnicos y jurídicos que ha suscitado, aunque dan por hecho que, si no hya marcha atrás, habrá una batalla legal.

Incremento de los precios

De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que utiliza los datos de la Central de Balances del Banco de España, los resultados empresariales no han recuperado las cifras previas a la pandemia, aunque sí lo han hecho los costes laborales y los impuestos netos de subvenciones. En el anterior análisis, ya se hacía referencia a la caída del Excedente Bruto de Explotación (EBE) que, respecto a 2019, era de unos 100.000 millones de euros menos a cierre de 2021; de unos 65.000 respecto a 2020 y de casi 34.000 en 2021.

"Es fácil inferir que la variable de los resultados empresariales no pueden ser la responsable de los incrementos de los precios, sino, por el contrario, deben ser aquellas variables que sí han sido más dinámicas sobre todo los costes laborales. Así, los costes laborales unitarios explicarían hasta un 83,4% de la variación del deflactor entre 2019 y 2021, mientras que los resultados empresariales apenas explicarían el 11,7%”, señalan desde el Instituto.

Sanciones

Desde la autoridad bancaria europea (EBA), recuerdan una Directiva que entró en vigor el 30 de junio de 2021, donde se indica que la banca está obligada a trasladar a sus clientes todos los costes pertinentes y se reflejarán en los precios de sus préstamos, incluidas “las consideraciones tributarias, cuando procedan”.

En el caso de incumplimiento, la autoridad puede sancionar a las entidades financieras con requerimientos adicionales de capital o también de coeficientes de liquidez, así como sanciones. Es decir, los bancos se verían obligados a provisionar.