El Parlament de Cataluña ha avalado este miércoles el decreto ley de los VTC del Govern que regula las condiciones en las que estos vehículos de alquiler con conductor tendrán que prestar sus servicios en Cataluña a partir del 30 de septiembre, cuando expira el decreto del Gobierno por el que se regían hasta ahora.
ERC, JxCat, PSC, En Comú Podem y la CUP han votado a favor, mientras que Vox, Cs y PP han votado en contra. La aprobación del decreto ley ha sido aplaudida por representantes del sector del taxi presentes en la tribuna del público de la Cámara.
Requisitos y prohibiciones
La nueva regulación de Cataluña prohíbe que los conductores de vehículos VTC circulen por la calle en busca de clientes y obliga a que transcurran un mínimo de 15 minutos entre la contratación y el servicio, que además sólo podrán prestar coches de 4,9 metros de largo.
Otro requisito obliga a los VTC a llevar un año como mínimo domiciliados en Cataluña para tener una autorización que concederán los ayuntamientos y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Además, tendrán que contar con un seguro de hasta 50 millones de euros por posibles daños, al igual que los taxistas.
Los vehículos nuevos tendrán que tener un distintivo ecológico ECO o 0, y se impondrán multas de hasta 6.000 euros a quienes trabajen sin autorización y de hasta 4.000 a quienes circulen para captar clientes o los recojan sin reserva previa.
Acuerdo por dos años prorrogables
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró (JxCat), ha considerado una "responsabilidad política" intervenir ante el fin de la vigencia del decreto del Gobierno, sin el que las VTC no podrían operar en Cataluña.
Según el mandatario posconvergente, se trata de una regulación temporal, con una vigencia de dos años prorrogables por dos más, a la espera de las decisiones que tomen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo (TS) en casos pendientes sobre los VTC.
Puigneró ha advertido de que el objetivo final del Govern es regular los VTC, taxis y servicios de movilidad para hasta 9 pasajeros con una ley marco, una vez se cierren judicialmente los flecos pendientes sobre la normativa, que por ahora regulará el decreto ley.
La ACCO, en contra
El nuevo decreto ley de la Generalitat sobre los VTC, en cambio, cuenta con el rechazo de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), pues considera que "persiste en la ineficiencia regulatoria" del sector, es "contrario a la competencia" y hará que se pierdan 2.500 empleos.
En su informe de 25 páginas, la ACCO destaca que condiciones como la longitud mínima de 4,90 metros o que los coches hayan tenido que realizar un mínimo de 100 servicios durante el último año son "medidas que perjudican a consumidores y usuarios".
En opinión de este organismo, el cúmulo de "restricciones injustificadas a la competencia" establecen "unos requerimientos tanto para acceder al mercado como para ejercer la actividad absolutamente contrarios a los principios de buena regulación económica de los mercados".