El nuevo decreto ley del Govern de Cataluña expondrá los vehículos que utilizan Cabify, Uber y Bolt al cepo de los agentes de tráfico de los Mossos d'Esquadra y las policías locales. El texto, que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y entrará en vigor el 1 de octubre de este año para Barcelona y su área metropolitana, amplía los supuestos de inmovilización de los vehículos, refuerza las revocaciones de licencias, fija exámenes para los conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y prohíbe el renting, entre otros. 

Estas cuatro son novedades que ha desvelado el sector del taxi en una eufórica rueda de prensa en Barcelona, en la que ha calificado la nueva norma, que tiene rango de ley, de "perfecta e histórica". En la comparecencia, Élite Taxi, sindicato mayoritario en la Taula Tècnica del Taxi (TTT), ha desgranado una batería de nuevas restricciones a los VTC, que son los coches que utilizan Uber y Cabify. 

Inmovilización 'in situ'

Las más importantes se plasman en el régimen sancionador del nuevo decreto ley, que según el taxi es "muy disuasorio". Si un vehículo VTC se salta la norma, se expone a multas inmediatas de 2.000 euros y la inmovilización de su vehículo. Las sanciones económicas "serán muy rápidas y se cobrarán al instante". Además, tres sanciones graves expondrán al coche a la revocación de la licencia. 

VTC de Cabify / EP

¿Qué no se podrá hacer? Captación de clientes en la calle, captación sin esperar los 15 minutos de precontratación, no comunicar al cliente que debe esperar 15 minutos antes de contratar el servicio o estacionar en la calle, entre otros. Son medidas que impactan en la operativa diaria de plataformas como las citadas, Uber y Bolt, que trabajan en Barcelona con VTC, pero sobre todo Cabify. 

Cien servicios el año anterior

De hecho, la norma es tan lesiva para los intereses de algunas plataformas que estas deberán defender ante la Generalitat de Cataluña que sus VTC están domiciliadas en la región y que han hecho cien servicios en el año anterior a la entrada en vigor a la ley. Ello torpedea a los nuevos operadores, como Bolt y la propia Uber en sus nuevos servicios premium. 

Asimismo, la norma prohibirá el renting de VTC, modalidad que utilizan algunos de los operadores para mantener sus vehículos. Solo podrán tener automóviles de propiedad o tenerlos en leasing (con opción de compra al final del arrendamiento). Como ya avanzó el propio Govern, además, solo podrían ser VTC en Barcelona y conurbación los coches de más de 4,90 metros (una minoría) y si se matriculan nuevos, tendrán que tener el distintivo 0 o el ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las empresas, además, tendrán que costear exámenes de conocimientos para sus conductores como los que actualmente pasan los taxistas. 

Única vía: el TC

Esta rocosa norma, "que tendrá rango de ley", han subrayado sus coimpulsores, se publicará mañana en el DOGC. Tras ello, el Parlament deberá convalidarla y quedará al albur de posibles recursos de inconstitucionalidad que presenten Gobierno --por medio del presidente, algo improbable, pues el texto lleva el sello del PSC--, 50 diputados, 50 senadores o El Defensor del Pueblo. Esta tramitación, también, enfría la posibilidad de que se dicten medidas cautelares. Pero la prueba de fuego será el 1 de octubre, cuando entre en vigor. 

Eso sí, el decreto, como el resto del ordenamiento jurídico, se deberá aplicar con las herramientas de las que dispongan las Administraciones. En este caso, las inspecciones dependerán de la AMB y entes locales. El peso de hacer cumplir la normativa, de nuevo, caerá sobre Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y resto de policías locales. 

¿Cuántas VTC quedarán? "Unas 1.450"

Si la pieza legislativa aguanta el envite del Constitucional y sigue en vigor a lo largo de los próximos años, ¿cuántas VTC quedarán en Cataluña? Actualmente hay unas 4.000, de las cuales unas 600 operarían en empresas tradicionales y desligadas de la nueva economía digital. Tras el decreto, el sector del taxi calcula que ese número se recortará hasta las "1.450", que son las que "trabajarán y cumplirán", operando de forma diferenciada del servicio de autotaxi. 

Con estas cifras en la calle, cabrá esperar una reacción, sea legal u operativa, de los operadores. La patronal Unauto ya ha alertado de que la norma "destruirá unos 3.000 puestos de trabajo", haciendo inviable la propuesta de negocio de algunas empresas.

Pendientes de los 'grandes'

Especialmente relevante será la respuesta de Cabify, Bolt y Uber, que ya se retiró de Barcelona en enero de 2019 al aprobar el Govern otro decreto anterior que fijaba 15 minutos de precontratación obligatoria. Luego volvió, operando con taxis y, más recientemente, con unas 200 VTC. 

A la espera de cómo reaccione el mercado, lo factual es que el decreto ley del Govern lleva el sello casi personal del sector del taxi, que "ha estado negociando y presionando" a los partidos durante un año. Ha logrado el plácet de las dos fuerzas del Ejecutivo regional (Junts y ERC) y también del PSC, lo que constituye una sólida mayoría en Cataluña. De hecho, han sido los socialistas los que han introducido obligaciones como los 4,90 metros mínimos en los vehículos VTC. Con estos mimbres, se publicará mañana un texto muy lesivo contra las VTC y, también, una norma de protección del taxi inédita en España. Habrá que ver si el poder judicial la avala o la corrige.