Los grandes propietarios de viviendas residenciales de España plantean ceder al Gobierno unas 30.000 casas de alquiler social. El objetivo es llegar a un acuerdo de colaboración público-privada para conceder al Estado por un periodo de 25 años el arrendamiento a un precio un 20% inferior al del mercado.
El consejero delegado de los gestores inmobiliarios Aliseda y Anticipa, Eduard Mendiluce, ha confirmado durante su intervención en la jornada anual del Club Inmobiliario de Esade la intención de ceder esas 30.000 viviendas sociales al Ejecutivo. El directivo, además, prefirió poner sobre la mesa el acuerdo con el Estado y no con las comunidades autónomas.
Arrendamiento público, gestión privada
El perfil del inquilino para acceder a estos pisos lo definiría el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), en el caso que se lograra el acuerdo, mientras la gestión inmobiliaria seguiría siendo privada. “El sector privado y el público deben sentarse para buscar juntos modelos que sean eficaces y escalables”, ha asegurado Mendiluce.
Este programa, con la cesión de los grandes tenedores españoles, podría incluir tanto viviendas vacías como ocupadas con criterios de vulnerabilidad. El objetivo sería regularizar los pisos o casas ocupados ilegalmente, según la propuesta de Asval.
Convocatoria pública
Las palabras de Mendiluce en las jornadas organizadas por Esade llegan después que el propio Gobierno propusiera hace unos meses que los grandes propietarios “podrían ceder hasta 30.000 casas en alquiler”. En el caso de que se aceptara finalmente la propuesta y se llegara a un pacto entre ambas partes, habría que determinar si se articula a través de una convocatoria pública.
“Estamos poniendo sobre la mesa instrumentos para que las comunidades autónomas puedas ejercer sus competencias, porque al final la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas”, ha explicado el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, Francisco Javier Martín.