Petardos, bocinas y gritos. Los ánimos están encendidos en Celsa, cuya plantilla ha parado hoy las plantas y ha salido a la calle para protestar contra los fondos y bancos que controlan los 2.800 millones de euros de deuda de la empresa y exigir que desbloqueen el rescate público a la siderúrgica.
En Barcelona, unos 600 manifestantes han cortado el cruce entre la Diagonal y el paseo de Gràcia, en la plaza Cinc d’Oros. Temen perder sus empleos si los acreedores toman el control de la sociedad y deslocalizan la producción al extranjero para abaratar costes. Un extremo que no se contempla en la propuesta de los fondos, que sin embargo sí apuestan por una reestructuración societaria en Luxemburgo por motivos fiscales.
La industria, “en riesgo”
Los comités de empresa de las plantas de Celsa han convocado hoy movilizaciones en toda España --Barcelona, A Coruña, Santander y Euskadi-- después de que se hayan roto las negociaciones sobre la posible entrada de la SEPI en la compañía. Una posibilidad que ha sublevado a los fondos de inversión que participan en el accionariado que sostienen parte de la deuda de la empresa y que apuestan por convertirla en capital.
Los trabajadores denuncian que esta posición impide la recepción de una ayuda pública que ven necesaria para la supervivencia de la acerera. Sin ella, creen que se pone “en riesgo” el futuro industrial del grupo y sus puestos de trabajo.
La quiebra, sobre la mesa
Los sindicatos convocaron el paro ayer de urgencia, cuando la dirección les comunicó que los fondos asociados a Deutsche Bank, que controlan el 17% de la deuda, se había cerrado en banda a apoyar el rescate de la SEPI, que ya contaba con la luz verde del Gobierno. Como alternativa, plantearon que la compañía fuera a la quiebra, siempre según la versión trasladada por la dirección a la representación de los trabajadores, mientras que los Rubiralta habrían puesto encima de la mesa una cantidad superior a los 50 millones que ofrecían inyectar como capital inicialmente.
Hoy, los manifestantes se han concentrado frente a distintas sedes del banco en España, que han sido vandalizadas con grafitis, pancartas y adhesivos que les acusan de especular con la industria. Las quitas de deuda de unos 100 millones de euros hacen que los acreedores desconfíen de los Rubiralta, accionistas mayoritarios de la empresa, que perderían el control ejecutivo si los fondos logran convertir lo debido en acciones.
Temor a los despidos
“Estamos alineados con el actual accionista”, reconoce Juan Carlos Serrano, secretario general de CCOO en Celsa, que esgrime que tanto el Gobierno como el Govern y el resto de Ejecutivos regionales apoyan a la dirección de la firma. Más allá de la desconfianza de los acreedores respecto a la gestión de los Rubiralta, Serrano argumenta que “desde el punto de vista del trabajador, nunca ha faltado un euro en la nómina”.
En cambio, sospecha que el control de los fondos podría “destrozar” o “deslocalizar” Celsa, una empresa que ve viable y en proceso de modernización. Y advierte: “Vamos a luchar por nuestros puestos de trabajo”. Las familias de los cerca de 9.000 empleados directos en Europa dependen de la continuidad de la siderúrgica.