Nuevo choque entre el sector inmobiliario y el Ayuntamiento de Barcelona. Cinco asociaciones han presentado un recurso contencioso administrativo contra los planes del consistorio para el distrito de Gràcia.
La Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia ha suscitado la polémica. Un texto aprobado por la institución que encabeza Ada Colau y publicado en el DOGC el pasado 4 de marzo.
Posible demanda
La modificación afecta a la construcción de edifcios de viviendas y la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. El consistorio ha introducido un tope diferente al fijado en el resto de la ciudad, donde el 30% es también obligatorio pero con 600 metros cuadrados de límite.
El recurso ha sido interpuesto por la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, que consideran esta diferencia injustificada y planean presentar una demanda si el tribunal admite el recurso.
Reclaman una indemnización
Además, las asociaciones han destacado que "la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo". En un comunicado, han alertado de que ello limita el derecho de propiedad, por lo que reclaman una indemnización.
El sector ha reiterado que la solución ante la falta de oferta pasa por construir vivienda protegida con coordinación entre las administraciones y ha rechazado los cambios normativos que generan "inseguridad jurídica".