El Ayuntamiento de Barcelona ha revertido cinco expedientes sancionadores contra el fondo que ha conseguido imputar por coacciones a la alcaldesa Ada Colau y otros dos concejales del gobierno municipal. Con ello, la Administración local deja en nada multas por valor de 420.000 euros que, en algunos casos, estaban en proceso de embargo.
Así lo indica la abogada del vehículo inversor, María José Tarancón. Precisa que la notificación ha llegado en forma de auto del juzgado en el que se da cuenta de un escrito enviado por el ayuntamiento que notifica la reversión de los procedimientos sancionadores. La letrada se ha felicitado por la decisión y ha recordado la "valentía" de su cliente.
Cinco juzgados
La Administración local ha remitido notificación por parte de la gerencia municipal de Vivienda en la que se notifica que los expedientes sancionadores quedan en nada. El gobierno municipal incoó los procesos de multa por, presuntamente, incumplimientos en materia de la normativa de acceso a la vivienda. Ahora, desiste de ellos en cinco juzgados distintos.
Ada Colau (2i), alcaldesa de Barcelona, con Irene Montero (2d), ministra de Igualdad; la edil Lucía Martín (i) y el concejal Rafael Mayoral (d) / CG
Este proceso administrativo discurría paralelo a otro penal por presuntas coacciones que presentó el multado. El fondo de inversión se querelló contra el ayuntamiento por diversos delitos, pero un juzgado de primera instancia acabó sobreseyendo el caso. La firma recurrió a la Audiencia Provincial y la segunda instancia judicial ha ordenado investigar a Colau, Lucía Martín (concejal de Vivienda) y Marc Serra (edil de Sants-Montjuïc) por dos supuestos delitos: coacciones y prevaricación. Todos ellos son políticos de Barcelona en Comú.
Anulada por inconstitucional
Antes de la marcha atrás del ejecutivo local, la defensa de la inversora inmobiliaria ya ganó uno de los expedientes sancionadores, un sexto, como avanzó este medio. La justicia declaró inconstitucional la sanción y la revirtió. Ello dejaba la puerta abierta a tumbar los otros expedientes, pero el ayuntamiento ha reaccionado antes del correctivo en los tribunales.
En el origen de esta causa está en las presuntas presiones municipales al fondo de inversión por parte del ayuntamiento para ofrecer alquileres sociales a okupas. La empresa privada sostiene que fueron coacciones, mientras que el gobierno municipal asegura que eran demandas con arreglo a las leyes de acceso a la vivienda.
'Bloc Llavors', pero mucho más
Este encontronazo ocurrió en el llamado Bloc Llavors del barrio de Sants, donde el consistorio arropó a los intrusos. Pero hubo mucho más. Según la compañía, la intimidación municipal se extendió a otros proyectos en otras partes de Barcelona.
Enfrentamientos entre un grupo vinculado al Sindicat de Llogaters y los Mossos d'Esquadra ante el Bloc Llavors de Sants / EFE
Finalmente, el intermediario desistió de sus inversiones en la Ciudad Condal, lo que le ocasionó un menoscabo económico de unos 25 millones de euros. Ha pedido a la Audiencia Provincial que el ayuntamiento lo consigne como fianza, pero esa decisión aún no se ha tomado.