Casi cinco años después del cambio en la gestión del agua en Valladolid, las ciudades que miraban de reojo cómo evolucionaba la remunicipalización del servicio del agua en esta ciudad ahora miran hacia otro lado.

Uno de los principales factores esgrimidos por los impulsores políticos de la remunicipalización es el precio de la factura, argumentando que las empresas gestoras tienen como objetivo incrementar beneficios, por delante de dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Pero desde la puesta en marcha de Aquavall --empresa municipal para la gestión de este servicio--, la tarifa no se ha reducido: se ha mantenido congelada. Una acción que desde el consistorio se ve como un gran paso, pues permanece así desde 2014, tres años antes de que se realizara el cambio a la gestión pública directa del ciclo integral.

Cambios en las bonificaciones

Un cambio que sí que efectuó Aquavall desde el primer momento fue el criterio de bonificación del servicio: se eliminaron las que beneficiaban a jubilados mayores de 65 años y se cambió por ayudas a familias que cobran el sueldo mínimo. Una medida de la que se podrían haber beneficiado unos 12.000 abonados y que supondría un gasto de 150.345 euros para la EPEL (entidad pública empresarial local).

En su lugar, han implementado y mantenido --según especifican en su Plan Plurianual 2021-2023-- una bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo, que son menos de 2.000 abonados de la ciudad y que tiene una repercusión máxima de 56.039 euros para las arcas de Aquavall. Así pues, las ayudas potenciales a los abonados con menos recursos se han reducido más del 62%.

Gestión

Otro aspecto pregonado por los partidarios de la remunicipalización del servicio del agua es aumentar la eficiencia de la gestión. En el caso de Valladolid, calcularon que era necesario hacer una inversión de 178 millones de euros en 15 años para mejorar la red, sobre el que desde el ayuntamiento vallisoletano asegura que están haciendo una inversión de unos 10 millones anuales para sufragar el déficit de inversión previa.

Pero los números difieren: ya en la presentación de los presupuestos de 2018 --los primeros correspondientes a la gestión pública directa de Aquavall-- no se incrementó la dotación para estas mejoras y se rebajó medio millón de euros de su previsión inicial de inversión. Por otra parte, las arcas municipales han dejado de recibir los dos millones de euros anuales que la empresa concesionaria pagaba a la Administración pública para realizar las inversiones necesarias para la mejora de la red e infraestructuras del agua en la ciudad, que siempre han sido responsabilidad del consistorio.

Privatizaciones

Asimismo, se ha troceado la gestión en diversas privatizaciones a pequeña escala. Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización encubierta. El proceso se traduce en un mayor gasto público por los costes indirectos. Solo en el primer año de gestión pública del servicio se llegaron a licitar más de 40 contratos por un valor de 23,5 millones de euros para diferentes áreas de gestión, entre ellas alguna considerada clave para la ejecución del servicio, como el control de desbordamientos de la red de alcantarillas, reforma de infraestructuras, bombeos en la red, telelectura o servicio de atención al cliente. Una situación que no se ha revertido en años posteriores.

Por otro lado, las inversiones realizadas por la EPEL tampoco han tenido una repercusión directa en la mejora de la red, ya que en los últimos tres años (2019-2021) se han registrado unas 400 incidencias del servicio y más de 100 fugas de agua. Una tendencia que ha ido al alza, año tras año, desde el cambio a la gestión pública del servicio.

Plantilla

En lo que respecta a la plantilla, la EPEL contempla 177 puestos de trabajo (de los que actualmente solo hay operativos 163). Esto significa que ha incrementado en siete nuevas plazas la plantilla anterior (170 empleados que fueron subrogados como fijos discontinuos dentro de la nueva empresa pública). De estos, destaca que la mayor parte del personal son operarios (un 67% de la plantilla), seguidos por administrativos (17%), técnicos (11%) y directivos (5%).

Eso sí, observando parámetros salariales, los directivos de Aquavall cobran un 48,54% más que los operarios (cálculo promedio por persona). Otro aspecto que repercutirá en las proyecciones presupuestarias de Aquavall es la aplicación del convenio colectivo de personal de empresa pública, con la entrada en vigor del incremento de sueldo por trienios y quinquenios en los casos pertinentes.

Transparencia

Finalmente, otro aspecto remarcado por los promotores de la remunicipalización de los servicios se centra en la transparencia de la gestión. En el caso de Aquavall, articularon un espacio de portal de transparencia online que cuenta con una actualización de ritmo bajo: por ejemplo, hace dos años que no publica su informe de sostenibilidad (el último disponible públicamente en su web es de 2019). Por otra parte, los grupos de la oposición municipal reclamaron desde el inicio de la gestión pública del servicio del agua que se realizara una auditoria “externa e independiente” que nunca ha llegado a materializarse (sí se han realizado las auditorías internas que exige la ley).