Ron defiende sus cuentas en el Banco Popular y rechaza que se analicen retroactivamente

La defensa del expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, considera que los resultados de 31 de diciembre de 2015, utilizados para la realización de la ampliación de capital del banco en 2016, reflejaban la “imagen fiel” de la entidad de acuerdo con la normativa contable aplicable en ese momento, y cree que no pueden ser recalculados de manera retroactiva. Así lo sostienen los abogados en un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, a tenor de las informaciones que han trascendido en las últimas semanas en torno al caso y los últimos movimientos del Ministerio Fiscal.

El escrito carga contra la Fiscalía Anticorrupción y apunta la “imposibilidad manifiesta de retrotraer el resultado de las inspecciones a los resultados de diciembre de 2015, como solicita el Ministerio Fiscal” ya que en ese momento y, según se desprende del informe de los peritos del Banco de España, las cuentas "respondían a los criterios contables derivados de la normativa en vigor en ese momento".

Ron niega las acusaciones

La defensa del expresidente del Banco Popular se opone a que el peritaje judicial aplique "retroactivamente" las conclusiones de inspecciones posteriores.

En su escrito, dirigido al juez que investiga las dos últimas gestiones del Popular, y al que ha tenido acceso Efe, el banquero también carga contra su sucesor, Emilio Saracho, por intentar justificar su "inoperancia e inactividad" como presidente alegando un déficit de capital regulatorio que, "por supuesto", Ron niega.

Críticas de sus abogados

Según su defensa, ejercida por Javier Velasco y José Antonio Choclán, del Bufete Choclán, "llama poderosamente la atención" que la Fiscalía Anticorrupción afirme que las reclasificaciones de normal a dudoso y las consecuentes provisiones "habrían tenido impacto en la cuenta de resultados a 30 de junio de 2015".

A partir de esta afirmación, relata, el Ministerio Público "pide a los peritos del Banco de España, dando por ciertos los resultados de la inspección y su efecto retroactivo, que recalcule el importe que, a su juicio, debería reflejarse en la cuenta de resultados" a cierre de ese año.

En su opinión, la pretensión es que "los señores peritos afirmen que existía una carencia de provisiones de 1.800 millones de euros, cuestionando la imagen fiel de la entidad, pretendiendo dar carácter regulatorio a los 'hallazgos' de los inspectores y aplicarlos con carácter retroactivo".

Ampliación de capital en 2016

El documento dice, además, que el Popular, en sus estados consolidados, que son "los que sirven de base a la ampliación de capital de 2016", tiene que cumplir las Normas Internacionales de Información Financiera, no los criterios introducidos posteriormente por la circular del Banco de España.

Sin embargo, Anticorrupción "pretende que los hallazgos de los inspectores son contravenciones a la normativa --rotundamente incierto--, y manifiesta que hay que contabilizarlos retroactivamente, en contra también del criterio de la norma contable".

Esta lectura pretendería "dar carácter de incumplimiento a esas modificaciones contables que obedecían a un criterio más conservador", apunta.

"Alteración de los coeficientes"

Ron lamenta la petición de la fiscalía, que llega "tres años después" de que los peritos diesen por finalizado su informe, en el cual "no avalaban los pilares de la acusación", y tras la comparecencia de dos inspectores del Banco Central Europeo (BCE) ante el juzgado.

Uno de ellos, Jesús Martínez Usano, fue muy crítico y declaró ante el juez que el incumplimiento de las normas contables durante el ejercicio de 2016 tenían como efecto la "alteración de los coeficientes de solvencia declarados" a esa fecha, ratificando así un trabajo elaborado por él mismo en mayo de 2018.

Contra esto se pronuncia la defensa del banquero, que se remite a las conclusiones del peritaje judicial, del cual "se desprende que las cuentas de 2015 respondían a los criterios contables derivados de la normativa en vigor en ese momento, y que las de 2016 reflejaban los resultados registrados de acuerdo con una normativa que entró en vigor en ese año de forma prospectiva, no retrospectiva, como pretende ahora el Ministerio Público".

Mención especial dedica a Martínez Usano, cuyas conclusiones "están desvirtuadas por los propios peritos del Banco de España y por el propio Banco Santander --como entidad sucesora del Popular-- que no hizo los ajustes que pidió después".

"Sesgo retrospectivo" de Saracho

Siguiendo esta línea, la defensa de Ron trata de desmontar la última petición de su sucesor en la presidencia del banco, Emilio Saracho, que solicitó al juez una nueva declaración del inspector del BCE, a fin de justificar --dice el escrito-- la "inoperancia e inactividad" que mostró en sus 108 días de gestión.

A su modo de ver, "es un hecho no controvertido que Saracho paralizó el plan de negocio --que incluía las ventas de Wizink y Totalbank-- y las medidas de capital asociadas, evitando con ello mejorar la solvencia de la entidad".

Por tanto, "la decisión de aparcarlo, sin fundamento, sin duda perjudicó los niveles de solvencia, además de la liquidez, como ya es de sobra conocido", de modo que "el déficit de capital que ahora pretende, sólo le es imputable objetivamente a él".

Por ello, y entre otras diligencias, Ron insta al juez a que requiera a los peritos que calculen qué "incremento de los coeficientes de solvencia" o, al menos, qué ratio de capital de máxima calidad (CET 1) se hubiera dado si se hubieran ejecutado el plan de negocio y las medidas de desinversión.

Querellas contra los dos últimos gestores

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos líneas de investigación, la primera respecto al equipo de Ron, por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.

La segunda versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

El pasado 10 de marzo, el juez abrió una nueva pieza separada sobre la supuesta financiación a clientes del banco en la ampliación de capital de 2016.