El Banco Central Europeo (BCE) ha considerado “desproporcionado” reducir a tan solo 1.000 euros el límite de pago en efectivo en España. Esto se extrae del dictamen sobre la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el país, siempre que implique en alguna de las partes a un empresario o profesional.
La Directiva (UE) 2015/879 del Parlamento Europeo y el Consejo, según ha recordado del BCE, ya fija un límite de 10.000 euros en el uso del dinero en efectivo. Por tanto, la ley española debería establecer un umbral proporcionado para limitación de los pagos.
Discrimina a los residentes
La legislación en España restringe el uso de efectivo a 2.500 euros para las operaciones entre particulares y a 1.000 euros para las ejecutadas entre empresas o profesionales, y lo amplía hasta 10.000 euros en aquellas en las que intervengan no residentes fiscales. El Banco Central ha asegurado que, además de no se proporcionada, “discrimina a los pagos hechos por residentes”.
El BCE también ha calificado de excesivo el procedimiento sancionador que establece una multa “desproporcionadamente elevada” del 25% del importe pagado. En su valoración ha advertido de que el preámbulo de la ley en España no aborda el impacto social ni el riesgo de exclusión financiera de reducir sustancialmente el “ya bajo límite existente de 2.500 euros”.
No ir más allá de lo necesario
Las restricciones a los pagos en efectivo no deben ir más allá de lo necesario para lograr los fines de interés público, según ha expresado el Banco Central Europeo. Además, deben respetar el curso legal de los billetes en euros, ha apuntado.
El BCE ha recordado tanto la importancia del efectivo para muchos grupos sociales que por “razones legítimas prefieren utilizarlo”, como a su valor inclusivo. “Un medio de pago esencial para la tercera edad, los inmigrantes, las personas con discapacidad, los ciudadanos socialmente vulnerables y cualquiera con acceso limitado a los servicios digitales”, ha sentenciado.