La defensa de Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, ha pasado a la ofensiva con un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, que instruye diligencias por la resolución de la entidad, en la que señala que el ejecutivo dejó una entidad solvente al tiempo que señala al despacho Uría y Menéndez como inductor de la posterior declaración de inviabilidad.

En este escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, responde en parte al que presentó Emilio Saracho, que presidía la entidad en el momento de su quiebra, y señala que la causa de la resolución no fue un problema de solvencia del Banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos.

Solvente y viable

Ron señala que tanto él como el consejo de administración que lideraba dejaron un banco solvente, viable, con un patrimonio de cerca de 11.000 millones de euros, con capacidad de generar beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones anuales y de materializar unas importantísimas plusvalías por ventas de negocios.

Asegura que las autoridades y el informe de los peritos del Banco de España de abril de 2019 constatan que el Banco Popular se resolvió “por un problema idiosincrásico de liquidez, desarrollado durante el segundo trimestre del año 2017, bajo una ‘cobertura mediática negativa’".

Defensor de Santander

Expone que de lo instruido hasta el momento resulta que, durante todo el tiempo en el que Ángel Ron ostentó el cargo de presidente del Banco Popular, la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo.

En las alegaciones se hace un análisis del papel del despacho Uría y Menéndez, actual defensor de Santander en las diligencias seguidas en el Alto Tribunal, como asesor contratado por Saracho para gestionar el Popular durante su presidencia.

Documentos y correos

En relación con esto aporta documentos, unos que obran en autos y otros que asegura son inéditos, particularmente correos electrónicos que se habrían cruzado entre el despacho Uría y Menéndez y el exsecretario del Consejo del Popular Joaquín Hervada que, según la defensa, acreditarían que, aun cuando la resolución se produjo el día 7 de junio de 2017 por una crisis de liquidez, ya se venía preparando por el presidente Saracho y por estos asesores desde, al menos, antes del día 2 de junio, todo ello, sin conocimiento alguno por parte del consejo.

Asimismo, destaca la existencia de una nota que indica que también fue preparada por el despacho Uría con Hervada, sobre la declaración de inviabilidad, fechada el dos de junio de 2017, en la que, bajo advertencia de incurrir en responsabilidades, se incitaría a los consejeros a declarar la inviabilidad del banco, pero sin advertir de forma clara que tal declaración determinaría la resolución del banco y la venta a tercero, como finalmente ocurrió, por un euro, según relata el escrito.

La nota de Uría

Señala específicamente el contenido de la nota elaborada por Uría, titulada ‘Nota sobre inviabilidad vs liquidez’ de 2 de junio de 2017, que estaría destinada a que Saracho o Hervada convenciesen al consejo de la conveniencia de la declaración de inviabilidad, aseverando que “la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato". Concluye, por ello, que parece claro que los consejeros no eran conscientes de que la declaración de inviabilidad conduciría necesariamente y de forma inminente a la resolución.

En este sentido, la defensa de Ron sostiene que llama la atención que estando Saracho asesorado por Uría y Menéndez, ya en su visita al BCE el 16 de marzo de 2017, cuando llevaba menos de un mes en el cargo, anticipase que una de las alternativas que él barajaba para el Banco fuese, “en cambio y en contradicción con lo que manifestó al Consejo de junio, la resolución, resolución que acabó con una transferencia de 11.000 millones de euros -sin contar plusvalías latentes y activos fiscales diferidos- por un euro al Banco Santander”.

Declaración de inviabilidad nula

Por todo ello, la defensa de Ron solicita al juez que practique una serie de diligencias de investigación, entre ellas recabar las actas de manifestaciones de aquellos consejeros “que según hemos podido saber las habrían otorgado, expresando su parecer sobre el Consejo de Administración de 6 de junio de 2017 en el mismo sentido que D. Jaime Ruiz Sacristán, esto es, manifestando haber acordado la inviabilidad de la entidad sin que previamente fueran advertidos de las consecuencias de sus actos”.

Este punto es trascendente, porque la defensa de Ángel Ron indica que, de acuerdo con lo expresado por Ruiz Sacristán en el acta de manifestaciones, cuya copia aportó al Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, si se demostrase que la declaración de inviabilidad se adoptó por error, el proceso de resolución sería nulo de pleno derecho.