El Estado elevará su participación en Indra hasta alcanzar el 28% del capital, después de que el Consejo de Ministros haya dado la correspondiente autorización a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es la tenedora de los títulos de la empresa que están en manos públicas.
La operación supondrá adquirir aproximadamente un 10% adicional de Indra, un paquete valorado en unos 165 millones de euros a precios actuales del mercado. El Estado es el primer accionista de la compañía, con algo más de un 18% del capital.
Influencia en la gobernanza
Según la comunicación remitida por el organismo que preside Belén Gualda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la maniobra pretende dotar de estabilidad accionarial a Indra y de “un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos”.
Aunque no cuenta con una participación mayoritaria, el Estado tiene una clara influencia en la gestión y gobernanza de la compañía, como demostró con el reciente relevo en la presidencia de Fernando Abril-Martorell por el actual presidente, Marc Murtra.
Dos consejeros delegados
No obstante, el poder ejecutivo recae en los dos consejeros delegados de la compañía, Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, después de tener en cuenta la opinión de los consejeros independientes.
El incremento de la participación podría suponer un aumento del número de representantes de la SEPI en el órgano de gobierno de la compañía tecnológica.
Al borde de la opa
Con este movimiento, el incremento del peso del Estado en el capital de Indra quedará limitado a un 2% adicional, ya que si superara el 30% debería lanza una opa por la totalidad del capital. En lo que va de año, Indra acumula pérdidas en bolsa próximas al 3%. En los tres últimos ejercicios, el valor ha retrocedido algo más de un 5%.
Tras la autorización de Moncloa, SEPI pondrá en marcha el proceso para alcanzar la citada participación “sin afectar a la cotización”.