Foment del Treball ha puesto sobre la mesa su hoja de ruta para conseguir una consolidación fiscal que no se quede en una simple revisión al alza de impuestos. La patronal presidida por Josep Sánchez Llibre propone acabar con tasas que considera que no tienen recorrido --básicamente la de patrimonio, que tildan de “confiscatoria”--, y lanzar un plan estratégico de verdadera lucha contra la economía sumergida.
El Libro Verde que ha elaborado señala que en cuatro años podrían aflorar 33.000 millones de euros y 1,5 millones de empleos. “Es incorrecto decir que en España la fiscalidad es baja, lo que pasa es que hay menos cumplimiento", ha asegurado Sánchez Llibre en su presentación. Para cambiar esta realidad, la patronal asegura que subir impuestos a los que ya los pagan, la tendencia de Moncloa, consigue el efecto contrario al preseguido. Apuesta por poner más medidas para “hacer que paguen los que no pagan”.
Cómo ser más competitivos
La iniciativa empresarial está firmada por el Grupo de Expertos Tributarios de la organización, presidida por Manuel Silva. La ha presentado junto al presidente de la comisión de Economía y Fiscalidad, Valentí Pich. El reto de la patronal es conseguir que el Gobierno “vire hacia una fiscalidad competitiva”, según Sánchez Llibre. El patrono defiende que estos instrumentos son los mejores que tiene a su servicio la “política económica” y que son mucho más que un simple “mecanismo para cuadrar los presupuestos públicos”.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (d) / EFE
Foment del Treball defiende que se deben usar los gravámenes para redistribuir la riqueza de forma equitativa, crear empleos, eliminar desigualdades y avanzar hacia la cohesión social. Rechaza la aproximación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que se deben subir los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para que las arcas públicas obtengan más entradas de capitales. Esta es la propuesta del Gobierno para reducir la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la zona euro.
La economía sumergida, el 25% del PIB
El Libro Verde insta a que este avance se aborde con el final de la economía sumergida, que asegura que equivale al 25% del PIB nacional. Los 33.000 millones que se buscan aflorar en cuatro años representarían un incremento del 3,5% de la riqueza de España, según el documento.
Sánchez Llibre asegura que los sucesivos gobiernos democráticos “han obviado que en España hay economía sumergida” y remonta a 1977 esta carencia. Por todo ello, asegura que ha llegado el momento de que las Administraciones Públicas persigan de verdad a los defraudadores.
Impuesto sobre el patrimonio
En cuanto a otras propuestas en concreto, Foment del Treball pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio. “Es confiscatorio, penaliza y perjudica a la inversión y a la competitividad y el crecimiento económico”, asegura el presidente. Cabe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de la tasa, pero la patronal reclama que las autonomías se avancen a la resolución.
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre (c), presenta el Libro Verde de la fiscalidad que ha elaborado la institución junto al resto de implicados / EP
De hecho, demanda de forma directa a la Generalitat de Cataluña que lo bonifique al 100%.
Sucesiones y donaciones, ITP y AJD
En cuanto al de sucesiones y donaciones, otra de las tasas que da lugar al llamado dumping fiscal entre territorios del Estado, el Libro Verde apuesta por un supuesto de no sujeción para los patrimonios de menos de un millón de euros blindado en todo el país. Para los que superen esta cantidad, reclama tipos impositivos que nunca superen el 9%.
Finalmente, se pide “corregir” la carga tributaria que soportan empresarios y ciudadanos. Señala de forma directa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se deberían bajar para fomentar una mayor actividad. En cuanto al IRPF, la patronal exige que se “reduzca la inseguridad” que existe con su definición actual.
Fomentar la actividad
Asimismo, se demandan más incentivos a los beneficios no distribuidos o reinvertidos y reformar la fiscalidad medioambiental. Todo ello, de nuevo, para fomentar la actividad en todo el país. Y, lo que es lo mismo, avanzar en productividad, atraer más inversiones y, al final, ganar riqueza y redistribuirla de forma más efectiva. La base, según defiende la patronal, de una cohesión social que sale más débil que nunca de la crisis del coronavirus.