El grupo LafargeHolcim mantendrá abierta su fábrica cementera en Montcada i Reixach a pesar del último suplicatorio emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que reitera la anulación de la licencia ambiental de la planta. Así lo confirman distintas fuentes consultadas por Crónica Global, que aseguran que la actividad seguirá con normalidad al menos hasta que el Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por esta cuestión.
"Ni la sentencia ni el auto dicen que cerremos ahora", señala Jaume Ramon, responsable de Medio Ambiente de la factoría, que subraya que el TSJC "da un margen de tiempo hasta que se resuelva el recurso que se ha presentado al Tribunal Supremo". "No es la voluntad de la empresa cerrar", aclara.
El Govern prepara otra licencia
Ramon responsabiliza de esta situación a la mala gestión de la Consejería de Medio Ambiente entonces dirigida por Francesc Baltasar (ICV), que llevó a cabo "un trámite que no se hizo como se debía hacer", algo que afecta a todas las licencias ambientales para la industria concedidas en esa época. También culpa a los sucesivos ayuntamientos de Montcada, que "han permitido que los vecinos se vayan acercando a menos de 100 metros" a una fábrica que "tiene más de 100 años", de modo que era anterior a los núcleos urbanos más próximos, cuyos vecinos piden el cierre preocupados por su salud.
La alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos / EFE
La compañía ha pedido a la Generalitat que adecúe el permiso para regularizar la actividad y asegurar la continuidad de los puestos de trabajo. La Administración autonómica ya "ha iniciado" este proceso: "Nos consta que la Generalitat sí que quiere hacer esta adecuación", indica Ramon. Por otro lado, se muestra crítico con el papel de la alcaldesa ecologista Laura Campos, que lidera una coalición de comunes y republicanos y "quiere cerrar la fábrica".
Un "paso importante" para los vecinos
De hecho, desde el cambio de gobierno municipal, que hasta 2015 ostentaban los socialistas, "las condiciones han sido más difíciles" para la cementera. La alcaldesa Campos no ha querido dialogar con los representantes de la empresa ni visitar las instalaciones de la mano de la dirección o de los trabajadores, a pesar de recibir invitaciones de ambas partes.
Vecinos de Montcada protestan ante la cementera Lafarge / CANT SANT JOAN
Sin embargo, José Luis Conejero, presidente de la asociación vecinal de Montcada Can Sant Joan, considera que el pronunciamiento del TSJC es "un paso importante" y que el problema "no es un error administrativo", sino que la Generalitat "lo que hace es saltarse la ley para beneficiar" a "una multinacional que tiene mucho poder", pero que "no tiene el permiso ambiental, no puede trabajar". Como alternativa, plantea crear un "polo de reindustrialización para los que se quedan sin puestos de trabajo", de modo que tengan "la salida más digna posible".
Reunión con la alcaldesa
"Estamos muy preocupados, porque se habla del cierre de la empresa", afirma Conchi Jiménez, presidenta del comité de empresa. Algo que, recuerda, afectaría a las más de 300 personas que trabajan directa o indirectamente para la cementera. La representante sindical se muestra escéptica con las alternativas de recolocación laboral y ve "surrealista" que "la empresa quiera quedarse y las Administraciones pongan todas las trabas para que se vaya". "No es tan fácil, si no, no habría paro en el municipio", alerta.
La plantilla se ha manifestado hoy ante el consistorio de la localidad, cuya alcaldesa ha accedido finalmente a mantener una reunión, aunque ha trasladado su negativa a apoyar la continuidad de la fábrica, una posición ante la que los trabajadores se confiesan "dolidos". Por ahora, la fábrica continuará con su actividad a la espera de los próximos pasos que den la Generalitat y el Supremo.