El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la última autorización ambiental a la cementera Lafarge de Montcada i Reixac (Barcelona), que la Generalitat renovó en 2017, y ha notificado el caso a la Fiscalía por si la administración pudo incurrir en responsabilidades penales.

Así lo ha acordado la sección tercera de la sala contencioso administrativa del alto tribunal catalán en una sentencia, que se puede recurrir ante el Supremo, en que da la razón a la agrupación de vecinos del barrio de Cant Sant Joan de Montcada y deja sin efecto la renovación de la licencia ambiental que la secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat concedió en diciembre de 2017 a Lafarge.

Sentencias firmes

El TSJC resalta en su sentencia que la Generalitat otorgó esta renovación cuando no existía ninguna licencia ambiental vigente para que Lafarge operara en Montcada, puesto que las anteriores habían sido anuladas por los tribunales.

Por este motivo, considera que, al ser firmes las sentencias que anularon las licencias previas, la Generalitat no las podía renovar, por lo que deberán quedar de nuevo sin efecto.

El tribunal apunta que, "atendida la contumacia" en la concesión de nuevas autorizaciones por parte de la Generalitat, ha comunicado su nueva resolución a la Fiscalía por si considera "la posible existencia de responsabilidades penales en la actuación administrativa" por parte del departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Pago de costas

El TSJC, que impone las costas de este proceso a la Generalitat, recuerda que en abril de 2008 la Generalitat otorgó a Lafarge la autorización ambiental para la fabricación de cemento en Montcada i Reixac, si bien en 2013 la misma sala del alto tribunal catalán la anuló, entre otros motivos por su impacto ambiental y porque no había sido ni previamente publicada ni sometida a información pública, en una decisión que el Supremo avaló en 2015.

La Generalitat acordó meses después, en agosto de 2015, someter a información pública la misma declaración de impacto ambiental, ante lo que en diciembre concedió una nueva autorización, una vez actualizada la primera, aunque la justicia volvió a anularla.

Vecinos: "Debería estar cerrada hace 15 años"

En un comunicado, la asociación de vecinos que ha llevado el caso a los tribunales ha celebrado la resolución del TSJC, ya que, aseguran, llevan 15 años sufriendo la contaminación y el ruido que la cementera provoca por las noches.

"Esta empresa debería estar cerrada desde hace 15 años, pues nunca ha tenido permiso de actividad. Pedimos que se cierre lo antes posible para que los vecinos dejemos de tener los problemas de contaminación y de salud que padecemos", destaca la asociación.

En este sentido, sostiene que los terrenos donde actualmente se encuentra la cementera podrían ser un polo de atracción de otras empresas no contaminantes, creándose así un mayor número de puestos de trabajo que los cerca de 50 que tiene actualmente Lafarge en Montcada.