Foment del Treball denuncia un déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña de 35.000 millones de euros de 2009 a 2020. La patronal demanda que el destino presupuestario recurrente en la mejora de instalaciones públicas sea del 2,2% del PIB, como en los países de la Eurozona.
En el informe El déficit de inversión de infraestructuras en Cataluña 2009-2020 se refleja las cifras presupuestadas en inversión pública en Cataluña por parte del Estado y la Generalitat. En ambos casos, están lejos de ser ejecutadas al 100%. El Gobierno cuenta con una mediana de cumplimiento del 67,1% de lo incluido en el PGE (Presupuestos Generales del Estado), mientras en el caso del Govern es del 77,1%.
Sin ejecución de obras
El vicepresidente de Foment, Joaquim Llansó, ha apuntado que “un tercio de las inversiones no se ejecutan por parte del Estado y de la Generalitat un 25%”. Esta fotografía deja en una parálisis la mayoría de infraestructuras proyectadas en Cataluña. El dirigente de la patronal ha asegurado que, el problema fundamental, es que “se están contabilizando muchas veces la misma obra” y año tras año de forma recurrente.
Esto provoca un retraso en la ejecución de los trabajos y, en muchos casos, hace aumentar el coste de la obra. “La repetición de estas obras de manera recurrente, distorsiona los Presupuestos”, ha explicado Llansó. De hecho, Foment ha señalado que este tipo de actuaciones en infraestructuras que se alargan años, lustros y décadas, como el caso de la variante de Vallirana (Barcelona), provoca que se refleje un volumen de inversiones muy superior a los reales.
Revisión de precios
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y la dirigente de la Comisión de Infraestructuras de la patronal, Anna Cornadó, han coincidido en denunciar el mantenimiento de los mismos precios de los proyectos en los últimos años. El retraso de muchas obras, como es el caso de las ocho analizadas en el informe, no tienen en cuenta el aumento del coste de los materiales, especialmente en los últimos tres años a raíz de la pandemia del Covid-19.
“Tenemos la mayoría de las obras de los últimos años que no tienen revisión de precios y los materiales han subido entre el 30% y el 60%, por lo que es imposible de asumir por una empresa constructora”, ha aseverado Llansó. Esto ejemplifica la necesidad de revisión de precios que solicita Foment a las Administraciones públicas, para que no deban licitarse en más de una ocasión los diferentes proyectos, como es el caso del acceso ferroviario del Puerto de Barcelona que ha salido a concurso y se ha firmado con las diferentes instituciones hasta en tres ocasiones. La última, con Mercè Conesa como presidenta de la infraestructura portuaria.
Todo este dilema de retrasos y déficit de inversión en Cataluña por parte del Estado y la Generalitat, por debajo de la media del porcentaje del PIB de los países de la Eurozona, crea un descenso del stock de capital público tanto en la comunidad como en el resto de España. “Si no revertimos esta inversión en infraestructuras iremos perdiendo competitividad”, ha sentenciado Sánchez Llibre.