La moratoria de incineradoras del Govern ha puesto en alerta al sector petroquímico catalán. Las grandes corporaciones ubicadas en el clúster de Tarragona, representadas por la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), han manifestado su malestar ante una medida que pone en riesgo las inversiones comprometidas hasta 2023 y, además, plantea abiertamente el desmantelamiento de las plantas de incineración en la comunidad transcurrido este periodo.
La Generalitat busca adecuar la incineración controlada a los requisitos de la legislación europea --en concreto, el documento BREF Waste Incineration de la Comisión Europea--, pero la forma elegida para alcanzar este fin ha inquietado al ecosistema petroquímico. Sobre todo ante la posible pérdida de la incineradora de residuos especiales de Constantí operada por Veolia. Fuentes empresariales consultadas por Crónica Global vinculan la vitalidad del polo industrial tarraconense con el acceso cercano a esta instalación, única en la Península, que presta servicio no solo a las gasísticas y químicas, sino también a las compañías farmacéuticas y automovilísticas.
Freno a nuevas inversiones
El aspecto que más intranquiliza al sector es el efecto directo que tendrá esta moratoria incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos, aprobada el pasado viernes, sobre las operaciones previstas a corto plazo por la industria. Operaciones para modernizar precisamente sus activos. "Supone un freno inmediato a nuevas inversiones del sector químico y a la llegada de posibles nuevas empresas, como también a que las que ya están puedan crecer con nuevas plantas o aumentando la producción", ha asegurado el gerente de AEQT, Juan Pedro Díaz.
A ello se suma un plan para el cierre de estas infraestructuras que genera más interrogantes. "La moratoria de dos años, y también la incertidumbre de lo que pasará después de que se concrete el plan, genera un panorama de desconfianza", ha añadido el representante de la patronal que aglutina a compañías como Basf, Repsol, Ercros, Grace y Covestro. Por no hablar de sus efectos sobre la ocupación. "Las 12 incineradoras activas en Cataluña, la mitad de ellas urbanas, emplean a cerca de 1.200 trabajadores de forma directa. No estamos en contra del cumplimiento de la directiva europea, pero hay que tener en cuenta la ocupación y la necesidad de inversiones en estas plantas", ha expresado el secretario del sector químico de UGT, Moisés Fortuny.
Fábrica de Basf en La Canonja (Tarragona) / EP
Posibles exenciones
"No olvidemos que las decisiones sobre nuevas inversiones de las multinacionales se toman a escala global. Por tanto, si una empresa tiene ahora una oportunidad de mercado y quiere invertir para construir una nueva planta o aumentar producción en alguna existente, y en Cataluña no puede hacerlo o no resulta competitivo a causa de esta moratoria, las empresas optarán por ejecutar sus inversiones en otros sitios", resume Díaz. "Y quizá después ya no se podrá recuperar el terreno perdido", advierte.
Ante estos riesgos, la Consejería de Acción Climática, Agricultura y Agenda Rural ha respondido a este medio que el plan, que elaborará la Agencia de Residuos de Cataluña y deberá ser aprobado por el Govern, definirá con exactitud qué incineradoras tanto públicas como privadas quedan afectadas. Las fuentes entrevistadas esperan que en el diseño de este esquema se tengan en cuenta las necesidades de los residuos generados en la elaboración de detergentes, fibras o anticongelantes, y se distingan de los sistemas de reciclaje urbanos.
Futura ley de residuos
La moratoria impulsada por el departamento dirigido por Teresa Jordà se enmarca en la futura ley de residuos, que pretende adecuar de forma integral el tratamiento de los desechos a las exigencias europeas. Pero desde Foment sorprende que no se haya sondeado al empresariado ni se haya tenido en cuenta que, para determinados tipos de despojos, la mejor alternativa es precisamente la incineración. De hecho, los vertederos, que han quedado al margen de la moratoria, también generan conflictos de sostenibilidad y convivencia con los núcleos urbanos cercanos.
En el caso hipotético de que se claurasen incineradoras como la de Constantí, el envío al extranjero de los residuos sería la única salida para los conglomerados industriales. Pero esta alternativa abriría otros problemas: "La incineración genera solamente el 1,4% del CO2 en Cataluña. Además, el traslado de residuos también está condicionado por la Unión Europea, por lo que no es una salida adecuada para el problema", advierte Salvador Sedó, director de desarrollo sostenible de la patronal catalana. El sector químico agrupado en la AEQT, que emplea de forma directa e indirecta a 11.000 personas en el polo industrial de Tarragona, estará vigilante para evitar que la moratoria abra una crisis en uno de los pocos nichos industriales que quedan en la comunidad.