Cuatro ex altos cargos y técnicos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y dos empresarios se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona por haber saqueado presuntamente la empresa pública con adjudicaciones amañadas. La sección octava retoma una causa en la que la fiscalía pide seis años de prisión y una indemnización solidaria que supera los 7,5 millones al considerar probado que cometieron los delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación de fondos públicos. Hay tres nombres propios que destacan en este grupo, los de Manuel Hernández, Gabriel Borràs y Joan Lluís Quer.
El primero, político de ICV, dirigió la ACA de 2007 a 2008. Bajo su mandato se habrían simulado concursos públicos para adjudicar trabajos a empresas de forma preconcebida.
Cómo amañaban los contratos
La operativa era similar en todos los casos que están bajo la lupa judicial. Artenginy --cuya administradora solidaria era Ana Barceló Caballero, casada con Josep Bou Termes, que fue jefe de Planificación de Usos del Agua en la ACA de 2000 a 2006 y también está acusado-- y Auding eran dos empresas que configuraban UTE, a veces con terceros, para concurrir a contratos públicos que conseguían en casi todas las ocasiones.
Auding fue la consultora que Quer fundó cuando dejó la gerencia, precisamente, de la ACA en 2004, año en que CiU perdió la Generalitat. Fue tres años después cuando se inició la actividad presuntamente ilícita. Las 38 concesiones sospechosas se adjudicaron desde septiembre de 2007 y durante todo el mandato en el que Francesc Baltasar (ICV) ocupó la Consejería de Medi Ambient.
Gabriel Borràs, uno de los extécnicos de la ACA que habría participado en el amaño de contratos / UNIÓ DE PAGESOS
Configuración de pliegos de condiciones
La cúpula de la ACA tomaba la decisión de que las UTE en las que colaboraban ex altos cargos y técnicos de la casa se hicieran con contratos públicos de antemano, apunta la acusación. Las pesquisas realizadas detectaron incluso reuniones de altos funcionarios de la compañía pública y directivos de Auding y Artenginy con el objetivo de diseñar juntos el pliego de condiciones de los contratos que se sometían a concurrencia pública.
Para acabar de asegurar que la adjudicación iba en el sentido deseado, los mismos técnicos que participaban en los encuentros eran los que configuraban después las mesas encargadas de valorar las ofertas. Declinaban la balanza a favor de las compañías preelegidas y les adjudicaban los trabajos a cambio, presuntamente, de mordidas. Incluso se llegaban a fraccionar contratos para facilitar el éxito de esta operativa.
Borràs, de ICV a ERC
¿Quién era el técnico de la ACA encargado de dar el visto bueno a los 38 contratos que están bajo la lupa judicial? Gabriel Borràs. En ese momento también estaba próximo a ICV, aunque después se acercó al secesionismo. Fue coordinador comarcal de Reagrupament Independentista en el Baix Llobregat para situarse luego en la órbita de ERC, partido que le ha promovido a varios altos cargos de la Generalitat.
Su trayectoria siempre está próxima al gobierno autonómico, incluso después de que la Fiscalía Anticorrupción llevara al juzgado la investigación sobre los presuntos amaños de contrato en la ACA en junio de 2015. Actualmente es el número dos de la Oficina del Cambio Climático.
Quer, implicado en el ‘caso 3%’
Su trayectoria contrasta con la de Quer. Convergència le volvió a proponer para un cargo público en 2010, durante el primer Gobierno de Artur Mas. Fue nombrado presidente de la promotora pública GISA, actualmente denominada Infraestructures.cat.
Es una de las sillas más deseadas de la Generalitat, ya que gestiona un presupuesto de más de 1.000 millones y el salario de su máximo ejecutivo supera al del presidente catalán. Quer fue obligado a dimitir en noviembre de 2015 tras la entrada de la Guardia Civil en la sede de la compañía pública. Había estallado el caso 3% que investiga si Convergència cobraba mordidas a cambio de obra pública y era uno de los principales sospechosos.
Joan Lluís Quer, expresidente de GISA, la empresa de obra pública de la Generalitat / ASINCA.CAT
Todos los acusados en el caso ACA han negado los hechos que se les imputan. La fiscalía ya ha presentado su escrito de acusación y mantiene las acusaciones. El juicio, según las fuentes jurídicas consultadas, será largo.