Santander, condenado a pagar 68 millones a Orcel por su fichaje fallido

Primer asalto para Andrea Orcel en su batalla contra Santander. El ejecutivo, ahora consejero delegado del banco italiano UniCredit, deberá ser indemnizado con el pago de 68 millones por parte de la entidad que preside Ana Botín por su fichaje fallido del año 2018.

La sentencia ha sido emitida este viernes por el juzgado de instrucción número 46 de Madrid, al que acudió Orcel después de que Santander rechazara indemnizarle por no haber ejecutado su nombramiento como consejero delegado de la entidad española, cuatro meses después de anunciar su incorporación.

Recurso

En su día, Santander dio marcha atrás a la decisión debido a las pretensiones de Orcel de que el banco español asumiera el bonus que UBS, la entidad para la que trabajaba anteriormente Orcel, se había comprometido a pagarle.

Contra la decisión del titular del juzgado, Javier Sánchez Beltrán, aun cabe recurso, que será ejercido por Santander al no estar de acuerdo con el fallo judicial.

Sorprendente marcha atrás

La historia se remonta al mes de septiembre de 2018, cuando el banco español anunció a bombo y platillo la incorporación de Andrea Orcel como consejero delegado. Para sorpresa del mercado, Santander rectificó a los cuatro meses y decidió no hacer efectivo el fichaje y que fuera José Antonio Álvarez quien siguiera en el cargo (de hecho, se mantiene actualmente en este puesto).

Detrás de la inesperada decisión estaba la negativa del banco a aceptar la exigencia de Orcel de pagarle el bonus diferido que tenía pendiente con UBS cuando Santander fue a buscarle.

Sin aprobación de consejo y junta

En un inicio, el ejecutivo reclamó una indemnización de 112 millones de euros, que después ha rebajado hasta 76 millones: 17 millones de prima de incorporación, 29 millones por la parte del bonus diferido que estaba pendiente de percibir en UBS y que Santander podía haber asumido ('buy out'), 20 millones correspondientes al sueldo que iba a cobrar en Santander durante dos años y 10 millones de euros por daños morales y reputacionales.

Desde Santander han defendido que la carta de oferta que enviaron a Orcel no era un contrato válido, pues no había sido aprobado por el consejo ni la junta de accionistas, y el nombramiento estaba sujeto a la evaluación de idoneidad del Banco Central Europeo (BCE).