La historia en torno a la misteriosa compra de mascarillas por parte de la Generalitat de Cataluña a una empresa sin actividad en los últimos años y que no operaba en el sector sanitario suma ahora un nuevo capítulo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decretado el cierre de la sicav vinculada a los propietarios de esa sociedad por haber incumplido de forma reiterada la normativa en torno a los accionistas mínimos requeridos por la Ley.
En los inicios de la pandemia, cuando el material sanitario escaseaba en hospitales y residencias de la tercera edad, el Govern, liderado aun entonces por Quim Torra, realizó una compra de mascarillas a una mercantil denominada Basic Devices por valor de 35 millones de euros. Una operación que llegó a ser denunciada por el propio Ejecutivo autonómico por una presunta estafa aunque, poco después, retiró la demanda, en un sorprendente movimiento de paso atrás.
Incumplimiento
Tras esta sociedad, figuraba como responsable José María Parellada Ripoll, vinculado con varias sociedades, entre ellas la sicav Landstone Capital, en la que figuraba como vocal y también como secretario del consejo de administración.
A finales del pasado mes de noviembre, el consejo de la CNMV adoptó la decisión de revocar a la sociedad su condición de sicav “al haber incumplido el número de accionistas mínimo exigido en el artículo 6 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva de la Ley 35/2003”.
Quim Torra, durante la presentación del plan de reactivación económica para afrontar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus / EFE
Plazo para rectificar
La normativa sobre el mercado de valores exige a las sicav contar con, al menos, 100 socios para poder operar como tal y beneficiarse de las ventajas fiscales que le confiere tal régimen.
Landstone Capital había sido advertida de tal circunstancia por el supervisor que, como resulta preceptivo en estos casos, le concedió un plazo de un año para corregir esta deficiencia sin que la sociedad haya actuado en esta línea.
Denuncia ante los Mossos
En marzo de 2020, recién declarado el primer estado de alarma, el Govern pagó 35 millones de euros por adelantado, práctica inhabitual en la Administración, a Basic Devices para la adquisición de mascarillas y material sanitario que llegaría desde China.
Tras la alerta de las entidades financieras, sorprendidas ante el voluminoso ingreso registrado en una sociedad sin actividad reciente, el Govern presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra por una presunta estafa, aunque fue retirada casi de inmediato, tras atender a las explicaciones de la empresa.
Carpetazo con celeridad
El movimiento levantó las sospechas de la oposición, especialmente del PSC, cuya diputada Assumpta Escarp presentó una batería de preguntas al respecto en el Parlament, a efectos de conocer detalles sobre esta enigmática operación. Sin embargo, ERC y JxCat hicieron valer su posición en la mesa del organismo para bloquear el procedimiento, al que el Govern había dado carpetazo con sorprendente celeridad.
Tiempo después, las sospechas vuelven al entorno de los responsables de Basic Devices, cuya sicav incumplía la normativa hasta el punto de ser expulsada del registro de la CNMV. Al frente de Landstone figuraba Marc Parellada, probablemente relacionado con el responsables de Basic Devices dada la coincidencia del apellido, y también ejercía como vocal Antoni Volta, cónsul honorario de Nueva Zelanda.
Sin reacción
La sicav contaba con la gestión de Novo Banco, heredero del antiguo Espirito Santo, que modificó su denominación tras protagonizar un espectacular proceso de quiebra en Portugal.
La actuación del supervisor no es infrecuente ya que la insuficiencia de accionistas es uno de los problemas que suelen presentar este tipo de sociedades. Lo que sí resulta más anómalo es que no se haya producido reacción alguna por su parte, ya que lo habitual es que, tras la primera advertencia de la CNMV, los responsables de la sicav se pongan manos a la obra para evitar perder este status.
A la caza de los "mariachis"
En los últimos años, el organismo que ahora preside Rodrigo Buenaventura ha estrechado especialmente el cerco sobre el cumplimiento de esta condición, que antaño era frecuentemente soslayada por las sociedades o bien salvada con lo que era conocido en el argot de la inversión colectiva como “mariachis”.
Con esta peculiar denominación se hacía alusión a partícipes de la sicav que figuraban como tal pero que, realmente, tan sólo ostentaban la representación de pequeñas participaciones de los dueños de la sociedad con el fin de que ésta justificara contar con ese mínimo de cien accionistas.