El Ayuntamiento de Terrassa cortará el agua de las empresas o pequeños comercios que no estén al día de pago de la factura. Así lo ha decidido el consistorio liderado por Jordi Ballart, apartado de la gestión municipal por la enfermedad de su hijo, que ha endurecido las condiciones de los usuarios para minimizar la morosidad de la empresa pública que gestiona el servicio.
Hasta la fecha, el reglamento del servicio de agua no contemplaba realizar cortes a ningún usuario. Si algún cliente no pagaba el recibo se iniciaba el proceso administrativo habitual. Es decir, notificar de forma protocolaria el impago a los deudores y, si no se solucionaba la situación, se procedía al embargo de las cuentas asociadas. El ayuntamiento trabaja ahora en modificar esta normativa con el objetivo de permitir cortes del servicio, acotados solo a los usos industriales y comerciales.
Detalles desconocidos
Se trata de un cambio significativo que ya ha levantado polvareda en la población. Ya se ha criticado que esta medida es contraria a los ideales fundacionales de la empresa que gestiona el agua en la ciudad, Taigua. Los críticos con la iniciativa recuerdan que nació como alternativa al mercado libre y que se hizo bandera de que no buscaba la rentabilidad económica y que aseguraba el agua “para todo el mundo”.
El pleno del pasado 29 de octubre inició un camino que diverge de este lema, añaden los mismos interlocutores. Fue en esa sesión cuando se aprobó modificar de forma parcial el Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento Domiciliario y Ahorro del Agua, que estaba vigente desde marzo de 2017. La fórmula elegida para ejecutar este cambio ha dado alas a los detractores, ya que aún se desconoce la letra pequeña de la iniciativa.
¿Qué pasa con los particulares no vulnerables?
No se ha publicado el nuevo reglamento y su contenido se ha avanzado en una simple nota de prensa municipal que la oposición tilda de “confusa”. Anuncia que se han introducido dos cambios. Primero, se ha adaptado a la normativa “ICT/155/2020 de 7 de febrero de 2020 del Ministro de Industria”, la que hace referencia a la modernización de los contadores de agua. En segundo lugar, se anuncia que se “tratarán los impagos que se producen en los suministros industriales y comerciales”.
Taigua ya ha dejado claro ante el revuelo inicial de la información que se acotará la excepción del impago en los contratos de suministro doméstico que se amparen en casos de vulnerabilidad residencial. Dejan de esta forma abierta la posibilidad de suspender el servicio en las altas industriales y comerciales. Además, queda en el aire saber qué ocurrirá con los usuarios domésticos no vulnerables, tal y como alertan las fuentes consultadas.
Dos millones de deuda
Cabe recordar que, desde diciembre de 2018 hasta el pasado septiembre, la gestora de agua pública soportaba más de 227.000 euros de impagos de facturas de suministro industriales y comerciales. Este importe supone el 11% de las deudas total de Taigua, que en menos de tres años de existencia alcanzan los dos millones de euros.
Las críticas sobre los cortes de agua se suman al malestar que ya generó la creación de esta compañía sobre los trabajadores en el momento en el que se consumó la llamada remunicipalización. La plantilla se subrogó a la nueva compañía con peores condiciones laborales.
Ahora, son las pymes y tiendas de barrio las que deberán asumir una decisión que consideran desmedida. Más, si se tiene en cuenta el momento crítico en el que se encuentran por las consecuencias de la crisis del Covid. Los afectados critican lo que tildan de falta de sensibilidad por parte del consistorio egarense con negocios afectados por las restricciones epidemiológicas. El cambio les llega cuando suenan de nuevo tambores de otras restricciones para sortear la pandemia en el primer invierno con vacuna.