La preocupación por el futuro del modelo concesional en el segmento de las infraestructuras lleva tiempo instalada entre los empresarios del sector. Ven cómo un sistema por el que siempre apostaron languidece a golpe de levantamiento de barreras de peaje sin que, por ahora, llegue una alternativa como el pago por uso.
Más allá de la foto fija, uno de los aspectos que más inquieta es la mala imagen que del modelo han generado experiencias como las de las concesiones de las llamadas autopistas de segunda generación, lideradas por las radiales de Madrid, cuya quiebra y posterior asunción por parte del Estado es contemplada como una señal de que el sistema está herido de muerte.
Debate en la patronal
En las últimas semanas, los debates en torno a esta cuestión han sido intensos en el seno de CEOE. En ellos se ha planteado el hecho de que, en la actualidad, ningún partido ni estamento político defiende un modelo del que la organización ha sido un firme defensor, especialmente desde la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan, destacado miembro de la institución que preside Antonio Garamendi.
El modelo concesional se ha considerado habitualmente en la patronal como el paradigma de los beneficios que aporta la colaboración público-privada. Entre ellos se encuentra la generación activa de nuevos puestos de trabajo y de inversión y la repercusión positiva tanto en el crecimiento del PIB como en otros sectores; además, para el Estado supone mayores ingresos vía impuestos y la posibilidad de añadir más activos en el momento en que la obra revierta en él, una vez finalizada la concesión.
Concesiones ruinosas
Pese a estas circunstancias, en la sensación en el seno de la patronal es que los empresarios han perdido la batalla frente a aquellos que han demonizado el sistema. Especialmente partidos notablemente escorados a la izquierda, como Unidas Podemos, en el ámbito nacional; y la CUP, en Cataluña.
Para ello, han contado con la inestimable contribución de lo sucedido con el modelo concesional a comienzos del presente siglo, cuando los sucesivos gobiernos liderados por José María Aznar le dieron un impulso acelerado con el lanzamiento de una serie de concesiones de autopistas de peaje llamadas de segunda generación, cuyo resultado fue notablemente ruinoso.
El modelo vale
Con las radiales de Madrid como estandarte, hasta ocho sociedades concesionarias terminaron quebradas como consecuencia del desplome de unos esquemas económico-financieros insostenibles por haber sido elaborados con precipitación y con unas previsiones de tráficos notablemente infladas, como quedó de manifiesto posteriormente.
Este asunto no ha pasado desapercibido en los debates de CEOE, aunque ya había sido puesto encima de la mesa por parte de Seopan en los últimos años. La tesis era que la experiencia negativa de las radiales de Madrid no debían poner en entredicho la eficacia y las bonanzas del modelo sino, al contrario, aplicarlo con mayor cuidado y, sobre todo, con un buen número de estudios y trabajos previos que avalaran la eficiencia de la infraestructura.
Cuando en junio de 2018 triunfó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y tomó el relevo el de Pedro Sánchez, uno de los primeros anuncios en materia de infraestructura fue que en ningún caso se renovarían las concesiones que estaban próximas a su vencimiento, con lo que aquellas carreteras en las que se levantaran las barreras volverían a la tutela del Estado, como así ha ocurrido desde entonces.
El último ejemplo se ha producido hace escasas semanas, con la reversión de las concesiones de la AP-2 y la AP-7, que ha dejado más de 500 kilómetros libres de peaje en Cataluña.
Batalla perdida
No obstante, el Ejecutivo tutelado por el PP anteriormente tampoco estaba por la labor de llevar a cabo esa renovación. Y no fue capaz de poner en marcha de manera firme el llamado Plan de Inversión en Carreteras, que pretendía movilizar fondos provenientes de la Unión Europea, en concreto de llamado ‘Plan Juncker’, en alusión al por entonces presidente de la Comisión Europea.
Una batalla política que parece haberse perdido por todos los flancos, lo que también ha generado discrepancias en el seno de la patronal, a cuya cúpula han acusado en los últimos tiempos de ser especialmente condescendiente con el Gobierno y abierta en exceso a un diálogo que apenas ha reportado frutos para la parte de los empresarios.
La oportunidad de la crisis
Precisamente, la etapa de la pandemia ha reforzado esta idea, ya arraigada anteriormente cuando empezaba a hablarse de la posibilidad de derogar la reforma laboral.
En la crisis, los empresarios vieron una oportunidad de reactivar el modelo concesional propuesto como una palanca ideal para la una recuperación rápida y vigorosa, que repercutiera especialmente en una variable tan dañada como la del empleo. Pero las propuestas fueron en vano. Y el modelo dio un paso más hacia el olvido.