Sánchez pone un nuevo parche en el mercado energético con el gas

Es decir, se trata de diferir el coste del gas en momentos en los que su precio se ha disparado más de un 40% en apenas unas semanas. Una solución temporal, en principio para los dos próximos trimestres, y que resulta familiar. Tanto que cualquier usuario en la actualidad todavía financia hoy en día con su recibo los efectos que tuvo la última vez que se hizo algo similar, allá por los inicios del presente siglo.

Reducir también el recibo gasista

La subida de los precios del gas está muy relacionada con la del coste de la electricidad. Pero el freno al recibo de la luz por parte del Gobierno viene por el lado de modificaciones fiscales y también por las rebajas de las retribuciones a las grandes compañías del sector.

En cambio, la medida de limitar la subida del gas, adelantada en la noche del lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida a TVE, va dirigida directamente a evitar que la factura de este producto se dispare aún más. Sin embargo, los precedentes apuntan a que se trata de una solución un tanto peligrosa.

El origen del déficit

Con las lógicas diferencias, se trata de crear un déficit tarifario como el que en su día comenzó a generarse en los primeros años del siglo, cuando los precios de la electricidad también estaban disparados. De hecho, a aquella época pertenece aquel máximo histórico en el mercado mayorista, de algo más de 103 euros por megawatio/hora, que se ha mantenido como el récord absoluto durante 19 años hasta ser repetidamente pulverizado este verano.

Por entonces, el Gobierno que lideraba José María Aznar, que además gozaba de mayoría absoluta en el Congreso, decidió que el consumidor tan sólo pagaría una pequeña parte del precio de la electricidad en el recibo (aproximadamente un 25%) y que el resto sería financiado con posterioridad.

Una intervención fallida

La medida permitía incluso, llegado el caso, la titulización de aquel déficit de tarifa, con la posibilidad de que, al menos en parte, se autofinanciara.

Una intervención en el mercado en toda regla, por completo contradictoria con las políticas de liberalización del sector que estaba aplicando el Ejecutivo y que tuvo un desenlace que aún hoy pagan los ciudadanos.

Impuesto para financiarlo

Aquel déficit tarifario llegó a superar los 23.000 millones de euros y se convirtió en algo insostenible, hasta el punto de que, más de diez años después, precisamente los ‘populares’, de vuelta a Moncloa tras el periplo de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvieron que introducir el impuesto a la generación para al menos frenar el incremento de esta partida y comenzar a reducirla de forma paulatina.

El actual Gobierno no ha detallado como se financiará el déficit que se va a crear, lo que no deja de levantar una cierta incertidumbre. La medida está encaminada a aliviar la factura de aquellos que están adscritos al mercado regulado del gas que, como sucede con el eléctrico, pagan los precios cotizados del mercado, frente a los que pertenecen al mercado libre, que lo acuerdan con la comercializadora.

Medidas desaconsejadas

También como sucede en el caso de la electricidad, el mercado regulado del gas, con su tarifa de último recurso (TUR), equivalente al PVPC eléctrico, fue diseñado especialmente para las rentas más bajas, que en esta situación se han visto duramente golpeadas por las circunstancias del mercado.

Los expertos desaconsejan la intervención de los mercados, por cuanto generan situaciones como las del déficit de tarifa que posteriormente, cuando la situación está más o menos normalizada, no resulta tan sencillo corregir.

Contra las empresas

El límite a los precios del gas no irán dirigidos a las eléctricas, que deberán seguir adquiriéndolo a precio de oro en los mercados para la generación de electricidad. Sin embargo, a partir de ahora no serán retribuidas por ello. En la estrategia del Gobierno por abaratar el recibo y cumplir con la promesa de Sánchez de que los consumidores pagarán a final de año una cantidad similar a la de 2018, esas partidas desaparecerán, también al menos durante dos trimestres.

Un cambio de reglas que llega cuando el Ejecutivo ya ha dado los primeros pasos para terminar también, aunque esta vez de forma permanente, con las retribuciones asociadas a la suscripción de derechos de emisión de CO2, los llamados “beneficios caídos del cielo”, vinculados a la generación tradicional y cuya subida descontrolada también repercute en el precio de la electricidad.

“Estas decisiones generan, sobre todo, inseguridad jurídica, y dan señales de cierta improvisación que no gustan a los inversores; y menos a los del sector energético, que tienen una visión a más largo plazo, precisamente por tratarse de sectores regulados, con periodos normativos extensos”, señalan desde una consultoría especializada.