La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado que 96 ayuntamientos de toda España tardan de media más de un año en pagar. Según el último informe del Ministerio de Hacienda, relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas, la deuda de los consistorios asciende a casi 213 millones de euros. Desde Pimec, el presidente Antoni Cañete, ha denunciado la morosidad en diferentes sectores tanto del ámbito público como privado.
Cañete, ante estos datos, ha exigido que se implementen “medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad, tanto en el sector privado como en el público”. El líder de la patronal de la pequeña y mediana empresa ha recordado la “posible multa” que está estudiando imponer a España la Unión Europea por este tipo de actuaciones.
Cumplir requisitos
“Seamos serios, hay que imponer que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores”, ha reclamado Cañete al Gobierno. De hecho, desde la PMcM han reforzado las palabras del presidente de Pimec y han demandado que para poder acceder a los fondos Next Generation de la Unión Europea, se exija más que “una declaración responsable”.
Cañete ha explicado que “la esperanza” de una posible reducción de la morosidad en España “se ve empañada una vez más por el nuevo paso que ha dado el Gobierno al elaborar su anteproyecto de la ley Crea y Crece sin tener en cuenta las recomendaciones de los que trabajamos día a día para resolver esta lacra”. La PMcM ha enviado al Ministerio de Economía, a los grupos políticos y a la Unión Europea su revisión del anteproyecto, que también trasladó en la consulta pública.
Anteproyecto de la ley
La PMcM ha explicado que el anteproyecto de la ley Crea y Crece no resuelve los problemas de morosidad, sino que lo que lo haría sería iniciar un régimen sancionador. “Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido de 60 días y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales”, han asegurado.
“Lamentamos profundamente que ya ha pasado un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la Ley presentada por Ciudadanos, pero lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta 34, una tras otra”, ha denunciado Cañete. Ante las “evidencias de morosidad” como “uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes”, el líder de Pimec ha asegurado que “no entiende” cómo nunca ha sido convocada a participar en el Consejo Estatal de la Pyme.