Los trabajadores han ratificado este miércoles el acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE) en Abertis por el levantamiento de los peajes. Tras una negociación en la que los sindicatos han priorizado alcanzar unas condiciones de salida favorables, al entender que el despido colectivo era inevitable por el agotamiento de las concesiones, las asambleas de trabajadores han dado luz verde al acuerdo por una mayoría del 72% de votos favorables y un 73% de participación.

En Acesa (empresa del grupo Abertis que gestiona la concesión de la AP-7 y la AP-2), 140 trabajadores han votado a favor de la propuesta y 50 en contra, con cuatro en blanco (de un total de 264 trabajadores afectados), mientras que en Invicat (C-31, C-32 y C-33), donde había 70 afectados, 28 han votado sí, 18 que no y dos en blanco. El levantamiento de los peajes en Cataluña previsto para el próximo 31 de agosto dejará sin trabajo a 343 personas --cinco menos que las previstos en un primer momento-- que trabajan en las cabinas de pago y que no cuentan con un plan de recolocación.

Acuerdos del ERE

Un portavoz de CCOO ha trasladado la "satisfacción" por las condiciones estipuladas en el acuerdo laboral. Por un lado, se ha acordado una indemnización mínima de 45.000 euros para las extinciones, con una compensación de 45 días por año trabajado hasta 2022 y de 33 días a partir de esa fecha.

Además, se han fijado mejoras como la extensión del seguro médico y un plus lineal. También se ha logrado una garantía de reinserción hasta 2024 en caso de que el Estado establezca un nuevo modo de pago o se den vacantes en la plantilla.

Plantilla joven

Un conjunto de medidas que incidirán sobre unos empleados que, según reconocen los sindicatos, no están próximos a la jubilación, como sí ocurrió en otros expedientes anteriores. En febrero y en junio del año pasado se cerraron dos ajustes para un total de 300 puestos de trabajo debido a la caída de facturación provocada por las restricciones de circulación en pandemia.

Ambos procedimientos fueron más conflictivos que el actual e incluso la parte social llegó a plantear la convocatoria de una huelga. "En los ERE de 2020 se despidió al personal con más de 50 años. Ahora la plantilla es algo más joven, aunque también es verdad que el que menos tiene 15 años de antigüedad", asegura un delegado de CCOO.

Personal de mantenimiento

Las autopistas afectadas por el ERE son la AP-7 entre Salou y La Jonquera y la AP-2 entre Zaragoza y el litoral --ambas titularidad del Estado--, además de la C-32 entre Montgat y Palafolls y la C-33 entre Barcelona y Montmeló --en este caso, infraestructuras de la Generalitat--.

La concesión de ambas Administraciones llega a su fin, pero aún no se ha adjudicado el mantenimiento a partir del 31 de agosto, de modo que durante un máximo de tres meses lo asumirá el actual contratista hasta que el servicio se subrogue, lo cual permitirá mantener los 240 puestos de trabajo dedicados a esta función.

Sin plan de futuro

“Es lamentable que no tengamos solución”, critican desde UGT. El responsable de infraestructuras del sindicato, Daniel Sancha, reprocha la falta de alternativas de empleo para los trabajadores afectados, aunque reconoce que “si el Estado decide que no tenemos estos peajes, el grupo no tiene posibilidad de reubicar”. Por ello, la representación sindical ha apostado “por mejorar las indemnizaciones y por un servicio de formación para mejorar la empleabilidad futura”.

El expediente colectivo se añade a los despidos del pasado año relacionados con la digitalización y el menor uso de efectivo por parte de los conductores para pagar en los peajes. Sancha diferencia ambos procesos, ya que el primero tuvo más resistencia sindical al estar justificado por motivos organizativos, mientras que ahora “no es una cuestión de voluntad, nos vamos todos los que no tenemos actividad”. “Si el Estado no quiere seguir este modelo de tarificación, nos quedamos en la calle”, lamenta. "Nos hemos quedado tirados".

El fin de Acesa e Invicat

Las concesiones que se extinguirán próximamente afectan a las operadoras Acesa (AP-7 y AP-2) e Invicat (C-31, C-32 y C-33), ambas gestionadas por Abertis. Según las fuentes consultadas, estas sociedades mercantiles podrán seguir existiendo durante un tiempo tras el fin de los peajes, ya que su extinción no será inmediata. Sin embargo, su actividad habrá concluido, ya que están dedicadas a operar concesiones de autopistas de peajes.

Así pues, el 1 de septiembre desaparecerá la concesión de las administraciones a Acesa e Invicat, como ya se levantó la de Aumar --la que explotaba el tramo la AP-7 que discurre entre Tarragona y Alicante-- el pasado 31 de diciembre. En el resto de vías se aplicó una prolongación de los peajes por el impacto del Covid en la concesión. Como todavía no se han adjudicado las licitaciones de mantenimiento para las autopistas de peajes que se liberarán a finales de mes, se ha concedido un contrato de gestión para dar continuidad al mantenimiento hasta la subrogación por la que han optado ambos gobiernos, como ya se hizo también en el caso de Aumar. Este es el reto más inmediato al que las Administraciones deberán hacer frente tras vacaciones, seguido de la búsqueda de un sistema que sufrage el mantenimiento de las vías con el nivel de excelencia actual y que no implique un impacto directo a los Presupuestos Generales el Estado ni a ninguna cuenta autonómica. Este es, precisamente, el gran debate que aún está pendiente de resolver.