Pimec ha reclamado “acciones inmediatas” a la Comisión Europea para hacer frente a la subida de precio de las materias primas, así como los componentes y los servicios de transporte internacional.
Así lo ha expuesto en un comunicado, en el que lamenta que las empresas sufren “problemas en las cadenas de suministro, con perturbaciones en las entregas” a raíz de los retrasos en el aprovisionamiento de estos inputs.
Actividades industriales y construcción
El presidente de la comisión internacional de la patronal, Pere Guerra, ha explicado que este es un problema presente en todo el mundo y ha destacado su “elevado grado de afectación” en las actividades industriales y el sector de la construcción. “Los precios internacionales de los metales básicos han crecido un 45,6%, mientras que los de los alimentos lo han hecho en un 22,1% y los de la madera en un 11,3%”, sostiene.
Por ello, Pimec ha manifestado su preocupación a la patronal europea de las pymes, SME United, así como una serie de propuestas para que las transmita a la Comisión Europea y a los miembros del Parlamento. Entre ellas, pide una estrategia europea que trate el aprovisionamiento de materias primas y componentes, "encaminada a garantizar su autonomía, reducir sus vulnerabilidades y proteger su soberanía económica".
Diversificación de las cadenas de suministro
Por otro lado, la patronal defiende impulsar la diversificación de las cadenas de suministro y pide que, temporalmente, “se deje de imponer aranceles antidumping a las importaciones de acero provenientes de China”. Asimismo, reclama que la Comisión Europea encabece iniciativas de compras conjuntas de materias primas y componentes, una práctica que se realizó “con éxito” durante la pandemia con las vacunas y equipos de protección.
Pimec también propone que la CE presente una serie de directrices a los estados miembros de la Unión Europea en materia de contratación pública con el objetivo de introducir una mayor flexibilidad para resolver problemas con las cadenas de suministro. Por último, insta a la Generalitat y al Gobierno de España que tomen medidas para “facilitar la indexación de los precios de aprovisionamiento cuando sufran fuertes incrementos”, así como a reducir las penalizaciones en los retrasos de entregas derivados de estos problemas.