La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que las cotizadas, las empresas que fiscaliza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tardan casi 200 días --191-- en liquidar la facturas desde la fecha de la emisión. Esta cifra supone triplicar el plazo legal permitido, que es de 60 jornadas, incrementa en 15 días respecto a 2019 y se da en un entorno de mayor liquidez para los grupos que están en bolsa.

Los propios estados financieros de los grupos del Ibex ponen de manifiesto “que las empresas del selectivo tenían en cartera unos 58.427 millones de euros sobrepasando los 60 días legales”, señala el documento. El importe se eleva hasta los 81.786 millones si se tienen en cuenta “el importe de las facturas en cartera” del resto del mercado continuo. Todo ello, en un año en que se dio un “aumento del efectivo y activos líquidos equivalente al 29% de media, con sectores como el de Energía o el de Comercio donde se eleva al 40%”.

Financiarse con los proveedores

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, tilda de “intolerable” una realidad que implica que los proveedores se conviertan en uno de los puntales del circulante de las grandes corporaciones. “Se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, vulnerando la ley a través del uso de su posición de dominio”, destaca.

Además, el contexto en que se produce es el peor para las compañías con menos músculo. La crisis del coronavirus y el impacto de las restricciones implica que las facturas se cobren cada vez más tarde “en un momento en el que retrasar el pago es dejar sin oxígeno a miles de pymes y autónomos”, manifiesta el también presidente de Pimec.

Más valor para los accionistas

“Además, sabemos que una parte importante de este efectivo podría utilizarse en la recompra de sus propias acciones en el mercado para incrementar el valor de la inversión de sus accionistas”, añade Cañete. De nuevo, un movimiento financiero que se puede realizar al consolidar la morosidad que soportan terceros. 

La organización también enciende las luces rojas ante el “importante número de compañías del selectivo cuyos resultados de explotación no alcanzan para hacer frente a sus gastos financieros”. El ejecutivo advierte de que la situación que emana de las cuentas de explotación empeorarán en el futuro “si llegan a materializarse los enormes importes negativos detectados en las cuentas de otros resultados integrales”.

Sanciones y fondos europeos

Por todo ello, la PMcM exige que el Congreso de los Diputados retome la negociación para instaurar el régimen sancionador que prevé la ley de morosidad que ya está vigente en el país y que nunca se ha llegado a aprobar. Antes del estallido de la crisis epidemiológica se había avanzado en su desarrollo, aunque los trámites suman ahora nueve meses parados.

Asimismo, y para forzar a que se cumplan los 60 días de plazo máximo real --no a partir de la fecha de entrada en los sistemas propios de las facturas-- de pago, también se reclama que la tasa de mora con los proveedores sea otra directriz que se tenga en cuenta en la obtención de financiación europea. “Lo más sensato y que no supone ningún desembolso extra es conseguir que cobren en plazo, por ello planteamos que los fondos Next Generation se concedan solo a empresas no morosas”, indica Cañete.