Iberdrola ha presentado un recurso de apelación ante a Audiencia Nacional en el que se justifica que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva con la decisión del magistrado Manuel García Castellón de sobreseer la querella contra el excontroller de la energética, José Antonio Del Olmo, por contratar los servicios del excomisario José Manuel Villarejo.

La cotizada alega desamparo y pide que se proceda a la “revocación del auto recurrido”. Señala que el instructor “decidió dictar auto de sobreseimiento libre sin haber dado una respuesta fundamentada” a dos de las peticiones del grupo en su querella. La “solicitud de nulidad de las actuaciones” para probar una presunta relación entre el contrato de Villarejo y la actual cúpula de la empresa y las “solicitudes de diligencias probatorias y de ampliación de la querella” para demostrar, tal y como explican, que la dirección que sigue en activo ni siquiera tenía conocimiento de los trabajos presuntamente al margen de la ley que realizó el polémico excomisario por encargo.

Denuncia en diciembre de 2019

Tal y como denunció en la Fiscalía Provincial de Bilbao en diciembre de 2019, la compañía defiende que los documentos aportados por Del Olmo contra su antiguo empleador solo muestran una “presunta práctica llevada a cabo por José Antoni Asenjo (exdirector de Seguridad de Iberdrola), consiste en pagar a un tercero (que podría ser Cenyt, sociedad vinculada a José Manuel Villarejo) utilizando como sociedad intermediaria a la sociedad llamada Castellana de Seguridad SA (CASESA)”.

En el recurso presentado, al que ha tenido acceso Crónica Global, también se indica que “el documento contiene otra serie de informaciones que carecen de sustento probatorio y, a su vez, pretendían acreditar documentalmente, entre otras cuestiones, la existencia de una denuncia interna en la compañía que nunca se habría producido”.

Trama contra el grupo

Y es que, tal y como se ha defendido desde el inicio de la causa, la cotizada señala que fue precisamente Asenjo en colaboración con Del Olmo los único que tenían conocimiento de la relación de Villarejo con el grupo. También ha detallado cómo el exdirector de seguridad, que se jubiló de forma forzada, urdió una trama para implicar al actual presidente, Ignacio Sánchez Galán, y a sus allegados para intentar descabalgarlos de la energética.

La participación del excontroller en este relato es clave para darle sentido, por eso se requirió su imputación.

Falsedad documental

Iberdrola considera mal aplicada la prescripción del delito de falsedad que presuntamente habría cometido Del Olmo. Considera que el juez no ha abordado en sus auto el delito de “uso ilícito de documento falso” que asegura que se cometió en el momento en el que se incorporó esta información elaborada ad hoc al procedimiento judicial. Señala que eso ocurrió hace tan solo dos años, muy lejos de la prescripción de cinco años que marca la ley.

También pide a la sala que se pronuncie sobre la decisión de no admitir a la empresa “como parte perjudicada del proceso” y por expulsarla del procedimiento “sin haberle comunicado nada durante un año”. Fue en julio de 2020 cuando se admitió la inhibición del juzgado de Bilbao sobre la querella contra Del Olmo a favor de la Audiencia Nacional y hasta ahora no se había tomado ninguna decisión respecto al caso. Y, cuando se ha tomado, ha sido la del archivo por una presunta cuestión de tempos judiciales que la afectada niega de frente.

Nulidad de las actuaciones

Por todo ello, Iberdrola pide al Alto Tribunal que se pronuncie sobre la nulidad de las actuaciones del instructor desde, como mínimo, mayo de 2021. Fue en ese momento cuando la cotizada envió al juez hasta cuatro reclamaciones en que solicitaba que se le comunicasen las decisiones judiciales respecto a una causa que le afectaba en primera persona. Nunca se hizo.