El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Iberdrola Renovables como persona jurídica por la contratación irregular de empresas del excomisario José Manuel Villarejo para prestar servicios a la compañía. Presuntamente, de forma ilícita.
El magistrado atiende de esta forma la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público pedía la imputación de Iberdrola Renovables, pero no a la matriz de la energética. La cotizada que preside Ignacio Sánchez Galán no está implicada de forma directa como persona jurídica en la pieza separada por los encargos que se habrían realizado a Cenyt y Casesa, empresas vinculadas al excomisario, durante los años de Marcos Peña como jefe de seguridad del grupo.
La alianza de Peña, Del Olmo y Ramallo
El papel de este ejecutivo no es menor. En la pieza separada del caso Tándem que afecta a la cotizada vasca se investiga quién contrató a Villarejo. García Castellón ha citado como investigado al presidente del grupo por si conocía el pago de unas facturas que salieron a la luz pública 15 años después de su abono y que el entonces controller de la empresa, José Antonio del Olmo, había depositado en la notaría encabezada por Luis Ramallo en 2004.
Marcos Peña / EL MUNDO
Del Olmo reconoció que fue Peña el que le instó a realizar este movimiento y que le propuso ir a la notaría de Ramallo. Ambos se conocían, ya que coincidieron en su etapa pública vinculada al PP. El primero, expolicía, como miembro del equipo de seguridad de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el segundo como senador, diputado y presidente de la Junta de Extremadura. Que se escogiera una notaría de Madrid y no de Bilbao, donde tiene la sede Iberdrola, también es un elemento que ha despertado el interés, según fuentes jurídicas. Se apunta a una presunta trama para descabalgar a Galán de la presidencia del grupo.
Investigación a Eólica Dobrogea
En el auto conocido este viernes, el magistrado García Castellón ve necesaria la imputación de Iberdrola Renovables como persona jurídica al detectar un posible delito de cohecho por la presunta contratación de Villarejo.
El polémico excomisario investigó a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que Iberdrola se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. Este hecho es factual, quién le contrató es lo que se intentará dirimir en la Audiencia Nacional.