El Tribunal Comercial de París ha condenado a L’Oréal por espiar a la competencia en Francia. La resolución pone al descubierto las malas prácticas del gigante de la cosmética francés, que debe hacer frente a un problema de reputación de primer orden a raíz de un caso que se remonta en 2017.
El grupo de institutos de belleza Guinot denunció ese año a L’Oréal por la fiscalización que le había aplicado con el objetivo de obtener conocimientos de sus habilidades para captar clientes. En un primer momento parecía una batalla judicial imposible pero, cuatro años más tarde, se ha convertido en el principal golpe en la credibilidad empresarial de la multinacional.
Espías enviados a los centros de Guinot
Los magistrados galos dan por sentado que L’Oréal envió a espías a los centros de Guinot para obtener información sobre la oferta de atención que recibían, de forma que podían plagiar el know-how de los institutos. El tribunal concluye que el gigante cosmético “utilizó medios desleales para apropiarse de información de un competidor directo” tras realizar las pesquisas pertinentes por parte de las autoridades policiales y judiciales.
Añade que existen “elementos del saber de la empresa Guinot que han sido apropiados por la empresa L’Oréal”, que ahora debe hacer frente al golpe a la reputación. Este es el principal daño que le ha causado la resolución del Tribunal Comercial de París, ya que las pretensiones económicas de los institutos de belleza en la causa no han sido tomadas en consideración por la sala.
Golpe al prestigio
El denunciante reclamaba 13,5 millones de euros por daños a L’Oréal. La multa que ha sido reconocida se queda muy lejos de este montante. Está fijada en 370.000 euros, una cantidad menor si se tiene en cuenta que la facturación global fue de 930 millones de euros en 2019, el año previo a la pandemia y el que se usa como referente, ya que los estragos de la crisis epidemiológica se valoran como puntuales.
Con todo, el prestigio de la firma ha quedado muy tocado con la condena. Especialmente porque abre la puerta a nuevas investigaciones que pongan al descubierto más malas prácticas de fiscalización a la competencia de la mayor firma de cosmética francesa.
Otras sanciones al grupo
No es la primera vez que el grupo L’Oréal se ve envuelto en una causa judicial de este tipo. En los últimos años se ha enfrentado a procesos por espionaje industrial, deudas fiscales o prácticas de cártel que le han costado más de 430 millones de euros en multas.
La firma francesa, fundada por Eugène Schueller en 1909, ha encajado derrotas jurídicas con impactos tanto millonarios como a su credibilidad en China, Estados Unidos, Francia y España. Todas ellas, por infracciones graves en la libre competencia.
Anuncios “engañosos” en China
Las últimas sanciones fueron el pasado año en el gigante oriental. Concretamente, tres: en junio, agosto y septiembre. Todas ellas por vulneraciones de la ley china de publicidad. La primera multa llegó a los 25.000 euros; la segunda a los 26.230 y la tercera, y más cuantiosa, fue de 169.620 euros.
En esta ocasión, las autoridades de ese país consideraron que L’Oréal realizaba “anuncios engañosos” con respecto a una nueva esencia que comercializaba en el territorio. Había anunciado que el producto mejoraba “el brillo de la piel en un 38%”, hecho que no era real.
‘Multón’ de la CNMC
En España, la multinacional francesa encajó y pagó una multa de 23,2 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una sanción grave al grupo a raíz de una investigación iniciada en 2008 en el sector de la peluquería profesional. Concluyó en 2011 con penalizaciones para L’Oréal y otras seis compañías --Productos Cosméticos (Wella), The Colomer Group Spain, Eugen Perma España, Cosmética Cosbar (Montibello), Cosmética Técnica (Lendan) y DSP Haircare Products-- y a la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). El total de la multa de la CNMC ascendía a 51 millones y el gigante galo fue el más malparado de todos los implicados, ya que asumió casi la mitad de la sanción económica.
Recurrió y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo en una maniobra que no resultó buena por los intereses del grupo. Los magistrados no solo ratificaron a la CNMC, sino que también dictaminaron que la multa fuera del 10% de todos los ingresos de la compañía. Es decir, superaba y por mucho los 23,2 millones impuestos por el regulador. Siete años después del inicio del caso, en junio de 2018, L’Oréal pagó.