Bird continúa como uno de los de los tres operadores que prestan servicios de movilidad compartida en la ciudad (alquiler de monopatines), a pesar de las sospechas que planean sobre el operador estadounidense por incumplir la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativa a los vehículos de movilidad personal (VMP).
El Ayuntamiento de Tarragona solicitó recientemente a los tres operadores autorizados que actualmente prestan servicio en la ciudad (Bird, Reby y Spin) que aportaran la documentación acreditativa de la potencia y velocidad máxima de fabricación de sus vehículos. Según la DGT, los patinetes deben tener limitada la velocidad para no superar los 25 kilómetros por hora y que la potencia no sobrepase los 250 vatios, algo que el operador ha sido incapaz de demostrar en la ciudad de Málaga.
Málaga, contundente con la seguridad
Por este motivo, el Ayuntamiento de Málaga ha excluido a Bird del procedimiento para otorgar licencias de patinetes compartidos en su ciudad. Hasta que no se clarifique la situación, el gobierno municipal se ha mostrado contundente al ordenar la retirada de los patinetes eléctricos de Bird por no aportar toda la documentación necesaria para obtener la autorización municipal de circulación y estacionamiento.
En el caso de Málaga, el director de Bird en España, Toni Riera, rechazó firmar la declaración responsable para certificar que sus vehículos cumplen con la normativa de la DGT, una de las opciones que tenía para poder seguir operando en la ciudad, y optó por presentar la documentación, algo que tampoco sucedió de forma satisfactoria.
Tarragona, más permisiva
Bird parece mantener su actividad con toda normalidad en la ciudad de Tarragona, pero puede resultar ser solo un espejismo. Según fuentes cercanas a la empresa, Bird ha empezado a replegarse anticipándose a la posible revocación de su licencia por parte del ayuntamiento, al no poder demostrar el cumplimiento de las exigencias técnicas vinculadas a la seguridad de sus vehículos. La empresa ha iniciado la reducción de su flota, según las mismas fuentes.
Mientras que el consistorio de Málaga se mostró contundente ante el incumplimiento de Bird, el consistorio de Tarragona se muestra más vacilante con el riesgo de que en la ciudad estén circulando VMP sin que se ajusten a los requisitos de la DGT.