Ignacio Galán declarará ante el juez por el 'caso Villarejo'

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sido imputado por el juez que instruye el llamado caso Tándem, Manuel García Castellón, junto a otros tres altos directivos de la energética por la pieza número 17 de la macrocausa. Concretamente, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo.

Están acusados de un delito continuado de cohecho activo, de ir contra la intimidad y de falsedad en documento mercantil por los presuntos trabajos que el polémico comisario José Manuel Villarejo realizó en la cotizada. El magistrado busca esclarecer en sede judicial quién contrató los servicios del expolicía, que usaba sus contactos y métodos al margen de la ley para obtener información, y hasta dónde llegaron.

Colaborar con la Justicia

En este sentido, la Comisión Ejecutiva de la compañía ya había adoptado a finales del pasado mayo la decisión de poner públicamente a disposición del magistrado a los administradores y empleados de la empresa para futuras comparecencias a fin de aportar su testimonio y ayudar a esclarecer el caso.

El órgano ejecutuvo de Iberdrola considera que las citaciones a declarar próximamente para Galán y Martínez Córcoles son "una buena oportunidad para esclarecer todas y cada una de las acusaciones que se han realizado y que hasta ahora no han podido ser respondidas en sede judicial. Además, la Comisión ha reiterado el apoyo a ambos ejecutivos que ya manifestó en aquella ocasión.

Petición de la Fiscalía Anticorrución

En el auto avanzado por El Confidencial, García-Castellón acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público señala que las diligencias practicadas hasta el momento muestran indicios de que el máximo ejecutivo de la energética y tres de sus hombres de confianza eran conscientes del trabajo de Villarejo en la compañía.

Esta colaboración con el excomisario se habría dado en el marco de una batalla interna en Iberdrola para intentar derrocar a Sánchez Galán después de que sustituyera a Íñigo de Oriol Ybarra en la cotizada.

El cambio en la presidencia implicó el despido de varios altos directivos del grupo, entre ellos el controller, José Antonio del Olmo, el mejor pagado en su cargo. Ahora jubilado, este ejecutivo fue imputado por la Audiencia Nacional a finales de 2020 por un posible delito de cohecho por el pago de facturas a la empresa Cenyt en 2004. Es decir, la empresa de Villarejo. Cabe tener en cuenta que el propio Sánchez Galán pidió declarar de forma voluntaria ante García Castellón.