La escalada alcista de los precios de la electricidad ha llevado al Gobierno a abrir la puerta a modificar temporalmente algunas de las figuras impositivas que trufan actualmente el recibo de la luz, como es el caso del impuesto a la generación. Una medida de cuya efectividad es perfectamente conocedor tanto el Ejecutivo como la titular de la cartera de Transición Ecológica, la también vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. No en vano, ya suprimió en su día durante seis meses este tributo, lo que llevó al precio de la luz a experimentar descensos en el entorno del 6%.

La presión de los precios de las materias primas y de los derechos de emisión de CO2 amenazan con provocar una situación prácticamente insostenible durante las próximas semanas debido al más que probable incremento de la demanda por el uso de aparatos de refrigeración y de aire acondicionado. Muchas han sido las voces que han reclamado medidas inmediatas por parte del Ejecutivo, especialmente en lo que al terreno fiscal se refiere.

Un Gobierno recién estrenado

El camino más corto y, también, el más efectivo a corto plazo. Así quedó de manifiesto en el otoño de 2018 cuando un casi recién estrenado Gobierno liderado por Pedro Sánchez, tras el triunfo de la moción de censura de comienzos de junio, decidió tomar medidas ante un escenario de precios eléctricos al alza que se había prolongado prácticamente durante todo el ejercicio.

Tanto fue así que el antecesor de Ribera en el departamento --por entonces llamado de Energía--, Álvaro Nadal, se vio obligado a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Tras el relevo en la Moncloa, Ribera fue sin duda la ministra más activa y decidió coger el toro por los cuernos con una batería de medidas urgentes, entre las que estaba una supresión temporal del impuesto a la generación.

La medida de Soria

Por entonces, el sector llevaba un tiempo reclamando acabar con esta figura, que llegó con la reforma energética diseñada por el exministro José Manuel Soria durante el primer mandato de Mariano Rajoy. Su principal cometido era poner freno al creciente déficit tarifario, cuyo incremento exponencial había hecho que superara ampliamente los 20.000 millones de euros.

Dado que, tras unos años de aplicación del tributo, la tendencia se había invertido e incluso empezaban a darse situaciones de superávit tarifario, las compañías insistían en la conveniencia de acabar con esta figura.

Un 20% menos

En octubre de 2018, el impuesto que grava con un 7% la generación de electricidad --lo que repercute en el recibo, cantidad sobre la que, además, se aplica también el IVA del 21%-- dejó de aplicarse durante seis meses. Por entonces, el precio de la electricidad en el mercado mayorista rondaba los 75 euros por megawatio-hora, aproximadamente un 20% por debajo de los que se registran en estos últimos días.

Apenas una semanas después, la tensión en el mercado comenzó a descender y los sufridos consumidores adscritos al mercado regulado tuvieron el correspondiente respiro, algo que fue valorado en diversas manifestaciones públicas por la propia ministra Ribera.

El efecto de las renovables

La rebaja global en el mercado fue de algo más de un 6% hasta el final de aquel año, previo a las primeras semanas de un nuevo ejercicio, tradicionalmente las de mayor demanda energética del año.

Pese a que el sector insistía en aprovechar la oportunidad para acabar definitivamente con el impuesto, una vez superada la crisis de precios, el tributo fue reestablecido. El mensaje lanzado por el Gobierno es que los precios se irían moderando año a año conforme se incrementara el peso de las energías renovables en el mix eléctrico, en detrimento de tecnologías tradicionales, especialmente las centrales térmicas, cuyo coste se veía encarecido por precisar de derechos de emisión de CO2.

Efecto retardado

Tres años después, Ribera podría verse forzada a tomar la misma decisión ante una situación que es, si cabe, más grave que la anterior ante el más que esperado incremento de la demanda y el hecho de que los precios sean aún mucho mayores que los que entonces se daban.

Previamente, el Gobierno ya puso en marcha la tramitación para acabar con las retribuciones a la generación eléctrica de nucleares e hidroeléctricas, los llamados “beneficios caídos del cielo”, con el fin de abaratar el recibo, aunque el propio Ejecutivo admitía que esta medida tardaría en dar el fruto esperado, consistente en reducir el recibo en torno al 13%.