Ramon Cierco Noguer, representante de la familia que controlaba Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su intervención en 2015, ha alzado la voz para lanzar un dardo contra el actual Cap de Govern del Principado, Xavier Espot. Ha denunciado que el caso se ha transformado en una “razón de Estado” y que eso implica un “abuso de poder” que aleja al país de los Pirineos de lo que debería ser una democracia plena, por la que exige entre líneas una rectificación y reparación.

Es la primera ocasión en que el empresario habla de forma tan clara sobre las “sombras” que rodean la toma de control por parte del Ejecutivo del Principado del grupo financiero al que EEUU acusó mediante el FinCen, un organismo adscrito al Tesoro, del blanqueo de capitales de narcotraficantes y otros delincuentes internacionales. La acción legal de los Cierco en ese país consiguió desmontar esta acusación años más tarde y propició un correctivo que llegó tarde, ya que BPA había desaparecido.

Juicio del ‘caso BPA’

Esta causa legal ha discurrido de forma paralela a la instrucción de una macrocausa en la Batllia, los tribunales andorranos. El juicio, uno de los más importantes que tendrán lugar en el territorio, se debía iniciar cuando estalló la crisis del coronavirus, hecho que lo ha aplazado hasta ahora. Antes de que empiecen a desfilar los acusados y testigos, el que fuera su accionista de referencia ha compartido de forma pública con Espot la “expresión de mis sentimientos más respetuosos” mediante una columna de opinión publicada en Altaveu.

En ella, recuerda la lentitud de actuación del Ejecutivo del Principado ante otros escándalos financieros que ocurrieron en el territorio como el caso Valora, una estafa de más de 20 millones de euros con centenares de afectados que tuvo lugar hace 10 años y que ha quedado “relegada a los limbos de la justicia”. Una actitud que contrasta, según defiende, con lo sucedido en el “mal llamado” caso BPA.

Estrategia diseñada

“La maquinaria del Estado está en marcha con todo su poder sobre los medios, la fiscalía, el poder legislativo y la Justicia”, denuncia. Relata como se han nombrado “piezas afines” desde el Consejo Superior de Justicia (CSJ) al Tribunal Constitucional del país o la “actuación enérgica de la fiscalía contra BPA” mientras que “omite cualquier intervención si se trata de otros bancos”. “No es casual, obedece a una estrategia querida y diseñada desde muy altas instancias”, sentencia.

De hecho, los Cierco han elevado una queja al CSJ y han denunciado al fiscal general, Alfons Alberca. Todo ello, en el marco de una estrategia en la que se ha mirado con lupa y denunciado todos los pasos en falso del Govern del Principado en la gestión de BPA tras su intervención. Desde el descalabro de su colocación al fondo buitre JC Flowers, que en lugar de 30 millones de euros pagó tres por los activos sanos de la entidad, mediante una operación financiera a través de CoCo’s que también acabó en los tribunales --se declinó investigar y se archivó--, a la intervención original o el encargo de una auditoría de activos a PwC.

Espot, exministro de Justicia e Interior

Cierco asegura que el anterior Gobierno de Andorra, liderado por Antoni Martí y donde Espot ejercía primero como secretario de Estado de Justicia y de ministro de Justicia e Interior, dejó caer a BPA. Que no lo defendió ante EEUU después de las alertas que había recibido, que malvendió “las filiales más valiosas”, Banco Madrid y BPA Panamá, y que en ningún momento se contempló la “presunción de inocencia”, incluso con el encarcelamiento provisional durante dos años del que ejercía como consejero delegado del grupo financiero, Joan Pau Miquel.

“Se necesitaba para ocultar su negligencia y sus posibles prácticas espurias para “salvar los muebles” --el propio Espot se expresó en estos términos en una entrevista en La Vanguardia-- y, quién sabe, si también por alguna venganza pendiente”, sentencia.