Nimbus, acusada de perpetrar una presunta estafa piramidal con criptomonedas, ha reiterado que no hay “ningún fraude” detrás de sus operaciones y que lo demostrará en los tribunales. La empresa asegura que detrás de las pesquisas judiciales solo hay “falsas acusaciones”, de las que culpa al abogado que ha denunciado a la compañía, Carlos Aránguez.
En un comunicado remitido a la prensa este jueves, la plataforma descalifica al letrado, a quien tacha de “adicto a los medios", y lo acusa de montar “una campaña mediática”, que considera “difamatoria y calumniosa” contra la empresa. Por ello, la compañía ha denunciado a Aránguez ante la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito de estafa “al intentar atraer clientes a su despacho en los medios en base a esta supuesta acción judicial”, señala.
Se compromete a cooperar
Nimbus se ha comprometido a colaborar con la justicia en la investigación de la presunta estafa de las criptomonedas para desestimarla. Sin embargo, ha subrayado que “aún no ha recibido notificación oficial alguna sobre ninguna acusación o proceso contra la empresa o su equipo directivo”.
Asimismo, la empresa destaca que ningún tribunal le acusa de fraude y que la Audiencia Nacional se ha limitado a analizar la situación y solicitar más información a un juzgado de Huelva, de modo que “ni si quiera” ha decidido si se hace cargo de la investigación. Nimbus ha recordado que mientras tanto, continúa “completamente operativa” para sus más de 50.000 usuarios en 121 países.
Investigan 136 millones
La compañía ha enviado este comunicado después de que trascendiera este miércoles que la Audiencia Nacional ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de Huelva que le remita en formato digital la documentación relativa a la presunta estafa piramidal de criptomonedas de la plataforma Nimbus, después de que el juzgado onubense se inhibiera al entender que no era su competencia.
En un auto del pasado 5 de mayo, el juzgado central de instrucción nº 6 respondía así a la solicitud del magistrado provincial, que comenzó a investigar a Nimbus a raíz de una denuncia presentada por Aranguez Abogados en nombre de 150 afectados, aunque el total podría superar los 4.000. El perjuicio económico, según un informe forense de la Guardia Civil, asciende a 135,8 millones de euros.