La tensión entre buena parte de la gran empresa y el Gobierno ha elevado el tono de forma notable en los últimos días, en los que determinados gestos por ambas partes han terminado por confirmar que las hachas de guerra están desenterradas. A la cabeza del lado del Ibex se sitúa la banca, agraviada tras las críticas vertidas desde Moncloa a los procesos de ajuste de las plantillas y los sueldos de los ejecutivos.
Sin embargo, no conviene perder de vista el último de los movimientos de esta batalla, que ha pasado precipitadamente de producirse de forma soterrada a ser ostensible. Se trata del relevo al frente de Indra de Fernando Abril-Martorell.
Decisión caprichosa
El Estado mantiene una participación del 18,5% en el capital de la tecnológica, lo que le confiere el papel de primer accionista y, además, cuenta con dos puestos en el consejo de administración, en el que está representado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ha sido precisamente el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda el que ha promovido el relevo con motivo de la cercanía de la próxima junta de accionistas de Indra, en la que tendría que debatirse, entre otros puntos, la renovación de Abril-Martorell.
La medida que llega desde Moncloa ha caído como una bomba en el ámbito empresarial, en el que se considera gratuita, dado el papel que ha desempeñado el ejecutivo al frente de la empresa y su forma de gestionar la pandemia. Inciden en que ha sido flexible con los ajustes laborales inicialmente planteados, una cuestión sensible para Moncloa, como ha puesto de manifiesto con la banca. Abril-Martorell fue nombrado en 2015, cuando el Gobierno estaba en manos del Partido Popular (PP).
Fernando Abril-Martorell, cesado como presidente de Indra / EP
Guerra en la banca
El gesto se une a otros como el acontecido hace algo más de una semana en la junta de accionistas de Caixabank. En ella, el Estado, que controla algo más de un 16% del capital del banco, derivado de la participación mayoritaria que ostentaba en Bankia antes de la fusión, votó en contra de la política de remuneración del consejo de administración de la entidad, que incluye los emolumentos fijos a percibir por el presidente, José Ignacio Goirigolzarri (1,56 millones de euros), y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar (2,26 millones de euros).
La oposición de la participación pública en la asamblea llegaba después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (PSOE), criticara públicamente los sueldos de los consejeros ejecutivos de la entidad, tras hacerse públicos con el orden del día de la junta, y los vinculara con el proceso de ajuste laboral puesto en marcha a raíz de la fusión.
Señal de hostilidad
Las críticas de Calviño se hicieron extensibles al sector, en el que el BBVA también negocia un ERE de considerables dimensiones con los sindicatos, y han sido compartidas por la vicepresidenta tercera y titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos).
Aunque el voto contrario en la junta no impidió que Caixabank sacara adelante la medida con holgura en la asamblea, el detalle no gustó nada en el seno de la entidad y se consideró como un síntoma de hostilidad y, además, una forma de utilizar al banco para hacer política. Cabe tener en cuenta que las declaraciones de Calviño y Díaz se habían producido en plena campaña electoral de las elecciones a la Comunidad de Madrid, celebradas el pasado 4 de mayo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. Sindicatos CCOO y UGT / EFE
Respuesta en bloque
Es más, antes de que se produjeran estas manifestaciones, el FROB, que ostenta la participación del Estado en Caixabank y tiene representación en el consejo de administración, se había abstenido en la votación llevada a cabo en el órgano ejecutivo del banco para aprobar la política de remuneraciones. Tras las declaraciones de las ministras, el voto mutó en la junta.
Prácticamente en bloque, los principales ejecutivos de las entidades financieras han respondido en público al Ejecutivo con el argumento de que el sector financiero es uno de los más regulados en el marco de la Unión Europea y que, como parte de este contexto, sus salarios pasan diversos filtros. Como son los del Banco Central Europeo (BCE), las comisiones de retribuciones de las entidades, los consejos de administración y, por último, las juntas.
Una nueva patronal
En medio de ese ruido, el Gobierno ha dado sus bendiciones y apoyo público a una nueva patronal, denominada Conpymes, que llega con la intención de rivalizar con la tradicional CEOE. Auspiciada por la catalana Pimec, se presenta en un momento trascendental, especialmente para pymes y autónomos, con vistas a la recuperación económica y la llegada de las primeras partidas de fondos europeos.
Por parte de la gran empresa, su principal gesto de desaprobación al Ejecutivo fue dar la espalda de forma mayoritaria a la presentación a bombo y platillo del plan España 2050 por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana en Madrid.
La excepción energética
Al contrario que en anteriores eventos de similares características, los principales ejecutivos de las empresas Ibex brillaron por su ausencia y tan sólo aparecieron aquellos que, precisamente, constituyen la excepción en este escenario bélico.
En este caso, las caras más visibles fueron las de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y su homónimo en Telefónica, José María Álvarez-Pallete. La relación del Gobierno con el sector energético ha sido hasta ahora radicalmente opuesta a la mantenida con los bancos. Tanto en los planes de recuperación económica como en los fondos europeos, el papel de la energía verde es prioritario y el sector está por completo volcado en este segmento. La tecnología no se queda atrás, especialmente en asuntos relacionados con la digitalización y el desarrollo de la red 5G, cuya subasta de espectro está pendiente de realizarse en España.
Momento inoportuno
Tras la generalizada ausencia de representantes de la gran empresa en el acto, fue el propio presidente del Gobierno quien tomó el relevo de sus vicepresidentas y atacó públicamente los ERE, hasta el punto de llegar a decir que “no los vamos a consentir”.
Inmersos además en una nueva negociación para prorrogar los ERTE, el clima de las relaciones entre empresarios y Gobierno no atraviesa por uno de sus grandes momentos. La ocasión es especialmente inoportuna debido a la trascendencia de los próximos meses para el futuro de la recuperación. Por ahora, y a la espera de la evolución, un factor de incertidumbre más.