Afrontar la realidad. Es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con su informe sobre el horizonte de 2050. Y la realidad, admitida por economistas con un sesgo más social o más liberal, es que España tiene unos ingresos fiscales inferiores a la media europea. En 2019 la recaudación fiscal fue del 35% del PIB, frente a una media del 41% de la UE a 27 países, y del 43% de la UE-8 –los estados centrales de la Unión. El objetivo de España 2050 es situar ese porcentaje en el 43% del PIB, pero con varios pasos: el 37% en 2030, y el 40% en 2040, hasta alcanzar ese objetivo del 43%. ¿Pero cómo?, ¿Qué receta resulta posibilista?
La acusación sobre el sistema fiscal, sobre su supuesta disfunción, no casa con los análisis de los expertos, que, pese a las correcciones que siempre pueden ser necesarias, entienden que el IRPF alcanza altas cotas de progresividad. El problema hay que verlo en la falta de contundencia de impuestos como Sociedades o el IVA. Y aquí sí es importante las gafas ideológicas que cada uno se ponga.
Cargar sobre el IVA
El economista Juan Rallo ha insistido en todos sus trabajos en la necesidad de acercarse a la figura del IVA, y en las transferencias sociales a pensionistas, viudas u otros colectivos. Gravar el consumo debería ser esencial, para Rallo, hasta cotas cercanas a las de Alemania. Hasta un 75% del diferencial con Alemania, que se acerca al 39% de ingresos fiscales sobre el PIB, se debe, según Rallo, por el menor IVA que se aplica en España y por las menores retenciones sobre las transferencias sociales. Y lo mismo sucede con países que son la referencia para la izquierda española, como Dinamarca.
No lo ve de la misma manera el economista Santiago Carbó, que entiende que el objetivo del Gobierno español sólo se podrá conseguir con una batería de medidas, que, en primer lugar, debe pasar por un mayor crecimiento, por poner en marcha toda la economía, y por eliminar desgravaciones que dejan el impuesto de Sociedades en niveles efectivos muy por debajo de lo fijado, el 25%.
Economía sumergida
La patronal Foment del Treball ha insistido, sin embargo, en algo que sí es muy distintivo de la economía española: el alto porcentaje de economía sumergida, que no permite aflorar unos ingresos que serían determinantes para Hacienda. El equipo de estudios de la patronal señala que se podrían recuperar hasta 30.000 millones de euros. Y esa cantidad se explicaría si se logra pasar del 18%-19% de economía sumergida que se calcula que existe, a un 10%.
Ese es, precisamente, el objetivo de la comisión de expertos que ha elaborado el informe España 2050 para el Gobierno: reducirlo de un 20% a un 10%.
No a una subida de impuestos
La carga de profundidad, por tanto, se debería situar en varias direcciones, pero no en una subida de impuestos. Es el denominador común de los expertos consultados, que ven alternativas antes de penalizar a las clases medias, que, finalmente, son las que se responsabilizan del estado de bienestar en España.
El economista y profesor de la UB, Gonzalo Bernardos, señala tres grandes opciones: mayor crecimiento económico, más empleo y más impuestos, aunque él es partidario de las dos primeras medidas. “El mayor crecimiento económico vendrá del cambio de política económica en la zona euro, si se confirma la tendencia actual”, señala, con la mirada puesta en los planes fiscales expansivos de la Unión Europea y en los fondos Next Generation.
Lo que apunta Bernardos es que el crecimiento ya permite un salto importante. “Cuando la economía crece, la recaudación lo hace más que el PIB, y si éste, por ejemplo, crece un 3%, la recaudación es probable que lo haga en un 5%”.
En cuanto a los impuestos, --y será una tendencia en toda Europea—Bernardos considera que se subirán los de “carácter verde”, los que se impongan a las energías contaminantes, al margen de una actuación más coordinada sobre impuestos que se han convertido en impopulares en España como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. La oposición, sin embargo, respecto a posiciones como la de Rallo, es total: “Hay que evitar tocar el IVA, porque es el impuesto que más afecta a los pobres, ya que no pueden evitar pagarlo, aunque su renta sea mínima”, sostiene.
En cualquier caso, la comisión que ha trabajado para el Gobierno ha puesto sobre la mesa el gran reto de España y que exige un debate fiscal que sigue sin plantearse con toda su crudeza: qué se ingresa, qué se puede pagar con ello, y qué servicios se quiere prestar en el futuro y con qué recursos. Las respuestas a esas preguntas permitirán un diseño en una determinada dirección.
El Banco de España, en todo caso, también ha hecho sus deberes. Y el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, reclama reformas para agilizar la economía, y muchas de ellas serán impopulares, como ya reforma del mercado laboral. El déficit estructural de España, con todos los recursos que se han ofrecido para paliar la pandemia del Covid llegará al 5%, con una deuda pública cercana al 120%. Lo que plantea Hernández de Cos es un plan a diez años, con una reducción de ese déficit de medio punto por año. Y eso comporta aumentar la productividad de la economía en su conjunto. Con todas esas políticas, España se podría acercar a esa media en ingresos fiscales que se produce en Europa. Y salir de esa situación, con entre seis y ocho puntos por debajo.