El Plan de Estabilidad remitido por el Gobierno la pasada semana a la Comisión Europea incluye una compensación de 1.291 millones de euros a Abertis con motivo del fin de la concesión del tramo catalán de la AP-7 (Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Jonquera), que tendrá lugar a finales de agosto.

Conforme al plan establecido por el Ejecutivo, el contrato no será renovado y el activo revertirá al Estado que deberá, por lo tanto, abonar a la concesionaria el saldo por las inversiones realizadas y no amortizadas, con el fin de evitar un desequilibrio y que la Administración salga beneficiada por el fin de de la concesión.

Pleito multimillonario

Sin embargo, la cuantía consignada no prevé compensación alguna en relación con el pleito que la concesionaria mantiene con el Estado desde la pasada crisis y por el que le reclama más de 4.200 millones de euros por el efecto de la caída de los tráficos que se produjo durante aquellos años.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo dejó pendiente este asunto precisamente para el momento en que venciera la concesión, el próximo 31 de agosto. La decisión del Alto Tribunal establece que será entonces el momento de determinar la cuantía de la compensación, en el caso de que haya lugar a ella.

La modificación de 2006

En 2006, la concesión de modificó por real decreto para la construcción de un tercer y cuarto carril dependiendo del tramo de la autopista y la implantación de un sistema de peaje cerrado con el fin de eliminar las barreras troncales y evitar así los atascos que generaba.

El coste de estas obras fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional que se generase por el aumento de la capacidad de la autopista, algo que no pasó tras el estallido de la crisis en 2008. En caso de que este incremento del tráfico no fuese suficiente, el Estado se comprometió a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesión, es decir, en agosto de 2021.

Cambio de planteamiento

No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.

Con todo ello, y tras las decisiones del Tribunal Supremo que el Ministerio de Transportes considera en su favor, el coste provisional asciende a 1.291 millones de euros, como respuesta a las inversiones realizadas pero no por la compensación del tráfico, algo que el Gobierno no se plantea hacer.